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¿La suma de todos los miedos?

Enviado en 26 octubre, 2004 Para 3:00 pm Escrito por en Artículos de opinión

En 1998, se sometió al Congreso Nacional el entonces proyecto de Código de Ordenamiento de Mercado, que, contenía cuatro capítulos divididos en: competencia, protección al consumidor, derechos de autor y propiedad industrial. Los hechos demostraron que, a pesar de las buenas intenciones de sus promotores, el proyecto de Código, como un todo, resultaba inviable, por lo que se asumió la decisión política de desglosarlo, resultando la aprobación de las Leyes sobre Derecho de Autor y de Propiedad Industrial en el 2000.

Han pasado seis años, y el proyecto de ley de protección al consumidor todavía no ha podido ser aprobado. Afortunadamente, la iniciativa ha sido asumida por el Diputado Alfredo Pacheco, Presidente de la Cámara de Diputados, quien nuevamente lo ha reintroducido ante el hemiciclo. Oportuno es reconocer que la Comisión de Industria y Comercio ha realizado reuniones y vistas públicas en las que los diferentes sectores han ofrecido sus observaciones y opiniones correspondientes.

Cuando los mercados marchan bien, los consumidores conocen sus derechos y obligaciones. Sin embargo, cuando los mercados se portan mal, es necesario crear la infraestructura legal mediante la cual los consumidores pueden hacer valer sus derechos y obligaciones, mediante la formalización de las quejas y reclamaciones correspondientes, siempre respetando el debido proceso. En el país, existen experiencias interesantes y novedosas en el área de protección de los derechos de los usuarios, como son los servicios públicos de telecomunicaciones, energía y aguas. El gran desafío de los reguladores es continuar promoviendo mayor conciencia sobre la existencia de los mecanismos legales, pues, por muchos años, no existía una cultura de formalización de reclamos.

La gran virtud del proyecto de ley es que todos los consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean públicos o privados, estarán protegidos. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) estará investido de la autonomía funcional, jurisdiccional y financiera para aplicar la referida ley. Es obvio que este texto legal no debe entrar en conflicto con las leyes especializadas que establecen atribuciones similares para otros organismos del Estado, como es el caso de la energía y las telecomunicaciones. En igual sentido, deben respetarse los principios rectores que fundamentan el Éxito que han tenido algunos mercados en el país, como el principio de mínima intervención. En otras palabras, el proyecto de ley debe constituirse en un instrumento que, con las normativas complementarias, obligue a las empresas a fomentar la competencia con reglas claras y transparentes para beneficio de todos los consumidores.

Los consumidores están siendo testigos de lo que deberá ser una de las leyes más revolucionarias y transformadoras de la vida dominicana. Ojalá que pueda concretizarse al tÉrmino de la actual legislatura. Esa es mi esperanza.

El autor es abogado.

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