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La Constitución que queremos: Un evento propositivo

Enviado en 04 noviembre, 2004 Para 7:02 pm Escrito por en Ponencias

Palabras de Orlando Jorge Mera en el panel sobre La Constitución que queremos: un evento propositivo. Facultad De Ciencias Juridicas y Politicas, Universidad Autonoma De Santo Domingo.
4 de noviembre del 2004.

Señor Franklin García Fermín, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Señor Alvaro Díaz, Director del Departamento de Ciencias Políticas. Autoridades Universitarias, Profesores y alumnos. Amigos todos:

Constituye para mí un honor y un privilegio poder dirigirme a ustedes desde este escenario, en ocasión de la celebración del 160 aniversario de la Promulgación de la “Constitución del San Cristóbal“.

Nunca ha sido tan propicio un escenario como este para la realización de un panel sobre “La Constitución que queremos“, toda vez que estamos transitando un nuevo siglo cargado de nuevas paradigmas y también de nuevas esperanzas.

Agradezco la gentil invitación de que fuera objeto por parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para participar como panelista en el día de hoy, así como su presencia aquí, señal de que el tema a tratar reviste importancia para todos.

Cuando se me pidió que en breves líneas expresara a mi parecer ¿cuál es la Constitución que queremos?, no lo vislumbré como tarea difícil, toda vez que a grandes rasgos tenemos una idea de las necesarias e impostergables reformas a la que debe ser sometida nuestra carta sustantiva. Solo durante el proceso de elaboración de esta pieza, leyendo la vieja y la nueva doctrina constitucional y recordando las cátedras de Derecho Constitucional que recibiera en mis días de estudiante de derecho de la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra, caí en la cuenta de la dimensión de esta empresa, sobre todo por el breve tiempo asignado.

He sido por un momento -lo confieso- víctima del más común de los errores en que hemos incurrido todos los dominicanos, quienes, ya sea a través de nuestro quehacer laboral, o los menos en el desempeño de la funciones políticas y en el ejercicio de cargos públicos interactuamos con el derecho: Concebir la Constitución como una mera representación formal de una realidad jurídica, sustentadora del orden político establecido. Nada más lejos de la verdad.

Así pues, si he de referirme a “La Constitución que queremos“, empleando la tercera persona del plural en su dimensión real, y no en primera persona trocada, como suelen hacer los políticos, primeramente he de referirme a la Constitución propiamente dicha, dicho de otra manera: No podemos intentar comprender el todo sólo a través de la sumatoria de sus partes.

Desde el origen del hombre hasta la tarde del día de hoy, la historia de la humanidad completa puede ser descrita íntegramente como si se tratase de una línea recta, ascendente e indetenible. En algún momento del tiempo los historiadores pensaron que la misma podía dividirse en segmentos, en períodos, en tramos históricos, así pues, partiendo de esa arbitraria concepción de la historia, el nacimiento del Estado Moderno puede ubicarse en siglo XVII propiamente dicho. La conformación de los Estados Nacionales, encarnados y representados en la persona del Rey, fuente de toda soberanía, supuso el principio de un volver sobre sí mismo de toda la filosofía del poder.

Cuando Tomas Hobbes describe al Leviatán no hace sino recrearse en las mismas disquisiciones que sumieron a Platón y a Aristóteles, casi dos mil años antes, acerca de la naturaleza del poder, su representación y ejercicio. En definitiva, el Estado Moderno no fue el producto de un suceso en específico, ni surgió en un punto determinado de la historia, en realidad fue producto de un largo proceso de evolución histórica, de maduración política, de acumulación capitalista, en definitiva, el producto destilado más acabado de la política.

En 1776 las tensiones sociales y políticas existentes entre Inglaterra y sus colonias llegaron al punto del no retorno. Las discrepancias fueron insalvables y las trece colonias decidieron, confirmándolo mediante la acción armada, su irrevocable destino de ser patria. El surgimiento de los Estados Unidos de Norteamérica, como hecho histórico constatable, podría decirse que constituye el nacimiento del Estado Constitucional como tal.

Surgido como antítesis a la desigualdad y a las arbitrariedades propias de un estado imperial en expansión, como lo era Inglaterra, los Padres Fundadores de los Estados Unidos quisieron en su joven nación crear un nuevo Estado que rompiera todos los moldes conocidos, un Estado donde imperara la Ley y donde la igualdad entre los ciudadanos fuera la razón del ser del Estado mismo.

La Constitución de Filadelfia de 1787, detonante de la revolución francesa de 1789, encendió la mecha del polvorín europeo. Si bien es cierto que las tensiones imperantes pudieron mitigarse durante siglos mediante la adopción de medidas revolucionarias e impensables en su contexto, pero insuficientes en términos reales, tales como la firma de la Carta Magna a la que fue obligado el Rey Juan sin tierra en 1215, hasta el Bill of righs de 1688, el propio inicio de la Constitución americana señaló de inmediato el norte del concepto “soberanía” durante los próximos 300 años “We the people of the united states…do ordain an establish this constitution..” era demasiado embriagador como para no dejarse llevar.

Los vientos huracanados de la Constitución de Filadelfia estuvieron resoplando en Europa, (Cádiz 1812) y en todo el continente americano hasta el 27 de febrero de 1844, fecha en que la parte oriental de la isla decidió separase de la República de Haití y constituirse en el estado libre denominado República Dominicana

La proclamación del Estado Dominicano aparejó consigo la necesaria organización del mismo. Concebido desde sus orígenes como un estado democrático liberal, el fundador de la República, Juan Pablo Duarte escribió su constitución particular, la cual, de una manera clara y diáfana, encarna los principios y valores del movimiento libertario continental, así como un espíritu altamente democrático, acorde con la formación pequeño burguesa de Duarte.

La historia es por todos conocida, la lucha fatricda en la que se vio envuelto el movimiento de febrero de 1844 dio al traste con la única posibilidad real de encausar el Estado Dominicano desde su origen, al sendero del progreso. Los sectores más liberales del movimiento, los gestores espirituales de la independencia, fueron rápidamente neutralizados mediante la utilización de los métodos sobre los que Lilís aleccionaría más tarde: el encierro, el destierro o el entierro.

La Constituyente de San Cristóbal, reunida a escasos meses de proclamada la República y escogida a conveniencia por el propio Pedro Santana, tuvo la intención de mantener los postulados liberales sostenidos por Duarte, imbuidos por la constitución Americana, la Declaración de los Derechos del Hombre y la Constitución Española de 1812, sin embargo, el dominio absoluto de Santana sólo podía concretarse si tenía una legitimación constitucional, de tal suerte que fuera ante sí mismo y ante la historia, solo un actor del drama y no el guionista.

Mediante el método poco ortodoxo de cercar militarmente con tropas escogidas la casa en la que se celebraba la Constituyente, Santana pudo entrar seguro y desarmado y “solicitar” a los Diputados que debían incorporarse medidas transitorias de carácter excepcional que permitieran la consumación de cualesquiera acciones necesarias para el sostenimiento de la Patria mientras durase la guerra con Haití, descargando de toda responsabilidad por tales acciones al Presidente de la República.

Dicho de otro modo, en el buen lenguaje del pragmatismo político: La Constitución del 6 noviembre de 1844, cuyo nacimiento hoy celebramos, murió ese mismo día. Todo el sistema de división de poderes, garantías, obligaciones y derechos ciudadanos, todo el andamiaje del nuevo Estado se encontraba subsumido en un único artículo que permitía la violación del cuerpo constitucional en su conjunto.

No es mi intención hacer un recuento histórico de todo el devenir de nuestra Constitución, pues esta labor es propia de los historiadores, basta con decir que desde el 1844 hasta el año 2002 hemos tenido 34 constituciones. Digo esto aún a sabiendas de que me adentro en el terreno del Derecho Constitucional que Eduardo Jorge denomina “el mito de la inestabilidad constitucional“.

Si la Constitución de un Estado es el reflejo de su ordenamiento político, debemos llegar a priori a la conclusión de que en el Estado Dominicano ha habido una ruptura de ese orden político tantas veces como se hayan verificado procesos de reforma constitucionales. No obstante, Peña Batlle al respecto señaló que “el programa constitucional de San Cristóbal se ha mantenido en toda su significación como norma de derecho político de la República. Si es cierto que la constitución ha sido objeto de numerosas reformas y modificaciones no es menos cierto que el espíritu de esos cambios no ha estado nunca en oposición con la doctrina adoptada en 1844 para encauzar el desenvolvimiento de nuestras instituciones públicas. Técnicamente somos el mismo ordenamiento que levantaron los constructores de San Cristóbal…

Necesariamente debemos acogernos a la opinión antes expresada, sustentada por notables del Derecho Constitucional Dominicano, tales como Amiama, Pellerano Gómez, Jorge, toda vez que el espíritu de la misma se ha mantenido inmutable a lo largo del tiempo: La idea de un Estado nacional y su base jurídica, sus principios, sus valores sus fines han permanecido inmutables así como la propia identidad dominicana. Podríamos hablar de constituciones o reformas constitucionales y da igual, porque el resultado siempre será el mismo: La Constitución es una norma que se basta así misma, ella es la fuente nutricia de todo nuestro ser nacional.

Llegados a este abrupto final de un recuento histórico inconcluso, debemos entonces necesariamente preguntarnos ¿Qué es la Constitución? y ¿cuál es finalidad de la misma?, antes de poder abocarnos a indicar lo que queremos que ella sea.

La Constitución definitivamente que es más que un pedazo de papel. Ella es el reflejo vivo de la voluntad soberana de un pueblo. Representa por tanto un acto de indiscutible ejercicio de la soberanía. Una concepción meramente descriptiva entramparía a la Constitución en un decálogo de organizaciones mediante las cuales se constituye un Estado, visión que ha atrapado a buena parte de los estamentos políticos dominicanos y latinoamericanos en general, los cuales han caído en el error de considerar que una mejor constitución implica un mejor gobierno.

La organización en el manejo del Estado que se pueda dar en una Constitución en particular, no garantiza en modo alguno una eficientización del manejo del Estado; prueba de ello han sido las más de treinta Constituciones que hemos tenido, sin que por ello hayamos experimentado una mejoría institucional sustancial.

Más allá de una visión meramente formal, la Constitución debe ser vista como la Ley de Leyes, la norma de las normas, la norma fundamental del ordenamiento del Estado. El pueblo representado en Asamblea decide dotarse de una Constitución para organizarse, pero más allá de este contrato, vislumbrado y desarrollado por Rosseau y Locke, existe también una voluntad de nación, la constitución refleja una comunidad de valores, un designio de futuro compartido.

Decimos que es la Ley de Leyes porque ninguna Ley puede situarse por encima o contrario a ella, no porque formal y literalmente sea constatable, sino porque el propio espíritu de la Constitución se constituye en la esencia vital del Estado y de su ordenamiento jurídico positivo, de manera que todo lo contagia, que nada puede oponérsele. La Constitución implica necesariamente la sujeción, no sólo a las disposiciones escritas taxativamente en la misma, sino a su espíritu, el cual es interpretado por los jueces, garantes de la preservación del ordenamiento constitucional, puesto que como Ley que es, puede ser interpretada, para que a través del paso de los años pueda no anquilosarse y envejecer, sino reinventarse cada día.

En palabras de Hostos, la Constitución es “la ley primera de donde todas las demás se derivarán: La ley sustantiva, a la cual habrán de referirse y concordarse las demás” por ende deberá ser general, “debe abarcar el conjunto de todos los asociados“, clara porque “debe patentizar su objeto, como la luz del día patentiza las realidades materiales“, precisa porque “debe decir exclusivamente lo que permite o prohíbe, sin que ninguna ambigüedad la haga incierta o la sujete a interpretación” y concreta “debe abarcar todo su objeto excluyendo escrupulosamente todo objeto con el cual pueda la incertidumbre o la malicia confundirla“. “La Constitución es más general porque abarca todos los grupos de la sociedad y todas las instituciones del estado. Es más concreta, porque se refiere más exclusivamente que ninguna otra al objeto que las abarca a todas: La mediación entre el derecho y el poder”

La Constitución pues, es la norma vinculante no sólo entre todos los ciudadanos de un Estado, sino el sostén de una comunidad de valores y principios que interpone la defensa de esos valores que la sostienen por encima de cualesquiera otros intereses.

Los avatares de la Constitución de 1844 hasta nuestros días han sido signados por la lucha fratricida por el poder político. Cada constitución significó (con pocas excepciones) un conflicto armado, una ruptura con el orden del poder establecido, no con el sistema de poder. La modificaciones a la Constitución fueron vistas históricamente como un mecanismo de validación de acciones políticas que en realidad subvirtieron el orden Constitucional existente -y en el mejor de los casos- posibilitaron la creación de nuevas situaciones jurídicas por designio expreso del poder de turno, ya que han sido pocas las Constituciones en las cuales se agotó un proceso libérrimo de modificación, de conformidad con el establecido en la propia Carta Magna.

El fin último de la Constitución: La creación y sostenimiento de un estado democrático inspirado en valores liberales, creador de una comunidad de principios, universalidad de deberes y obligaciones dentro de las más completa igualdad ciudadana, fue en algunas ocasiones subvertido para servir a los fines mas incontestables, tal como señala Atilio Borón, “en nombre del constitucionalismo, América Latina ha soportado gobiernos arbitrarios, la supremacía del poder ejecutivo, la censura de la prensa y la limitación minuciosa de cada una de las libertades individuales reconocidas, en el papel, por las constituciones

El fallo de nuestro sistema constitucional, no ha sido la quiebra de la constitución en si misma, sino que tal como señaló el Dr. Flavio Darío Espinal “Las élites gobernantes evocaron falsamente los valores del constitucionalismo mientras forjaban relaciones de poder incompatibles con dichos valores” propiciándose de esta manera un divorcio entre la realidad constitucional del pueblo dominicano y su realidad social. Una ruptura entre la comunidad de valores y la praxis del sistema político que la soporta.

Creer y pregonar desde el poder que la Constitución no es más que un pedazo de papel, nos ha convertido en una nación sin norte, sin ningún referente válido, nos hemos olvidado de lo que en su momento les recordó al pueblo Norteamericano su Suprema Corte de Justicia, que “Las declaraciones de la constitución no son adagios gastados por el tiempo ni una contraseña vacía de sentido. Son principios vitales, vivos que otorgan y limitan los poderes del gobierno de nuestra nación

La política del día a día marcó al Derecho Constitucional Dominicano y a la propia Constitución con el sello del oportunismo y la acomodación a conveniencia. Desde la fundación del Estado en 1844 hasta el día de hoy, la reelección presidencial ha sido la espada de Damocles suspendida sobre la conciencia nacional. La mayoría de las reformas han versado en torno a su inclusión o eliminación definitiva, de tal suerte que la discusión se ha vuelto eterna.

Pese a que nos encontramos en la tarde del día de hoy discutiendo lo que de manera reiterada se ha venido discutiendo desde aquel lejano noviembre de 1844 hasta la fecha, esto es, no solo el fin y la naturaleza de la Constitución, sino el alcance y extensión de la misma, así como su ámbito unificador y abarcador, lo cierto es que el contexto histórico es totalmente diferente, y por demás, dependiendo de nuestro responsable actuar, prometedor o desolador.

En efecto, la globalización, la irrupción descontrolada de las nuevas tecnologías al escenario de la política, la producción, la creación, las telecomunicaciones, los tratados de libre comercio, la diseminación en partes ínfimas del capital y su multiplicación por cifras nunca soñadas por medio de la bolsa de valores -con la consecuente volatilidad que esto conlleva- ha puesto en jaque al Estado Nación, tal como le conocemos.

No serán los Estados ricos y poderosos los que sobrevivirán a esta encrucijada, serán aquellos que estén dotados de cuerpos jurídicos sustentados por sólidos principios, aquellos en lo que la protección y preservación del estado de derecho constituyan el fin mismo del Estado, aquellos en donde las oportunidades de desarrollo estén garantizadas en la teoría y en la práctica, aquellos que cuenten con eficientes sistemas de participación ciudadana a todos los niveles que garanticen la reproducción y permanencia de la democracia, porque esta, tal como en su momento nos enseñó el Dr. Peña Gómez “se construye con demócratas y no con sustentadores de tiranos“, y ser demócrata es por antonomasia ser constitucionalista.

Es, amigos presentes, dentro ese escenario tan variopinto y desgarrador, en el que deberemos entonces delimitar la Constitución que queremos.

La Constitución que queremos es justamente la que en la actualidad necesitamos en estos tiempos de asombro que vivimos. Una Constitución que proteja, fomente y garantice un sistema político, social económico que descanse en la base de la soberanía, es decir, el pueblo.

Una Constitución que refleje no sólo el derecho inalienable de todos los dominicanos, residentes en el territorio o en la diáspora –si, porque no estamos hablando de una categoría epistemológica, sino de cientos de miles de de hermanos que pese a no recibir nada a cambio, aportan con su trabajo al desarrollo de nuestro pueblo- de ser tratados como iguales. Una constitución que encarne los principios y valores de esta nueva era, que garantice igualdad en oportunidades, redistribución más equitativa de la riqueza, y que establezca la solidaridad como eje rector del proceso de desarrollo.

Esta Constitución debe necesariamente rebasar y desbordar los conceptos decimonónicos del Derecho de Familia, así como garantizar el derecho a la información, los derechos culturales, los derechos económicos, y los derechos ecológicos. En definitiva, una constitución que garantice la participación activa y pro-activa del ciudadano.

Siguiendo el propio orden de nuestra Constitución, en lo que respecta a los derechos políticos, muy especialmente a la nacionalidad, como miembro y dirigente de un partido político, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), me veo en el ineludible deber de reivindicar la memoria del Dr. José Francisco Peña Gómez con un desagravio histórico.

De todos es sabido que cuando las fuerzas del conservadurismo más reaccionario no pudieron descalificar por ningún medio político-jurídico constitucional al gran líder de masas como contendor político, se recurrió al argumento Trujillista del Haitianismo, para hacer revolotear sobre la conciencia dominicana las alas de la desunión y de los falsos demonios.

Constituye un bochorno para el pueblo dominicano el triste espectáculo de ver oficiales del Estado Civil negando actas de nacimiento a quienes en efecto, de conformidad con nuestra Ley sustantiva las merecen. Es una vergüenza ser sometido a instancias jurisdiccionales internacionales por tales situaciones, razón por la cual, considero imperativo el esclarecimiento del artículo 11 y que sea consagrado de manera específica e inequívoca el jus solis y el jus sanguinis, o en su defecto, que sea eliminado el jus solis categóricamente, de tal suerte que podamos afrontar esta situación desde una óptica estrictamente constitucional, y no meramente racista-exclusivista.

En lo que respecta a la organización del gobierno, la Constitución que queremos debe hacer hincapié en reforzar el Poder Legislativo, no sólo como contrapeso eficaz del Poder Ejecutivo, sino para dar primacía a quien en definitiva constituye el primer poder del estado, según se desprende del artículo 4.

Como contramedida, se hace necesario, recortar lo poderes establecidos en el artículo 55 de la Constitución para el Presidente de la República, en efecto, si bien es cierto que estos poderes son similares o parecidos a los que se reservan las demás constituciones latinoamericanas, mucho más cierto es que tal como hemos visto, por la propia historia de nuestro pueblo, a veces no se trata de poderes no otorgados, sino de abuso de los poderes establecidos.

La pasada contienda electoral ha sido vista por algunos como un cuestionamiento a la reincorporación de la figura de la reelección o respostulación presidencial en la Constitución del año 2002.

Nuevamente señalo que la incorporación o eliminación de la reelección presidencial ha sido una constante en casi todas las Constituciones que hemos tenido. En torno a esta se encuentran enfrentados aun los viejos sectores liberales y conservadores, los rojos y los azules del siglo XIX; los bolos y los coludos del siglo XX, la partidocracia surgida a raíz de la caída del Trujillato.

La reelección no es mala en si misma siempre y cuando se haga de manera definida y finita, y sobre todo, siempre que el país cuente con instituciones electorales y fiscalizadoras que puedan garantizar el no uso y la no desviación de los recursos del Estado en las campañas reeleccionistas . Estoy convencido de que el sistema norteamericano es bueno. En que la solución que ha propuesto al dilema que se enfrentan sus gobernantes (que un solo período de 4 años es insuficiente para concretar una obra de gobierno eficiente) es un modelo a imitar.

En ese sentido, desde el 1998 he fijado mi posición al respecto, y la he reiterado públicamente aún cuando las circunstancias políticas pudieran haber echo creer que la misma se trataba de puro oportunismo político, por lo que abogaría por una reforma que garantice más mecanismos de control y vigilancia para el Poder Ejecutivo.

En lo que respecta a los demás poderes del Estado, la constitución que queremos debe necesariamente garantizar que la autonomía presupuestaria de la Suprema Corte de Justicia sea efectiva y que la misma no dependa de las confabulaciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Si aspiramos a una sociedad más justa, más digna, más equilibrada y con más igualdades de desarrollo individual y progreso colectivo, entonces necesariamente estamos hablando de una sociedad en donde prima la Ley y el debido proceso, una sociedad en donde hay jueces capaces, honestos y bien remunerados que pueden administrar justicia. Se hace imperativo consagrar esta realidad en el texto constitucional, de tal suerte que el tercer poder del Estado no se encuentre perennemente maniatado.

En el mismo orden de ideas, el control directo de la constitucionalidad, -una de las conquistas del Dr. José Francisco Peña Gómez y el Acuerdo de Santo Domingo durante el proceso de reforma constitucional de 1994, que permitió la solución a la crisis política generada como consecuencia del fraude perpetrado por el Partido Reformista Social Cristiano en desconocimiento de la voluntad popular- debería pasar a una sala de la Suprema Corte de Justicia para de esa manera garantizar una aplicación más dinámica.

Considero que se hace necesario dotar de rango constitucional al Tribunal Contencioso Administrativo, por lo que me veo en la obligación de suscribir las sugerencias de reformas presentadas por la Comisión Especial creada por el Presidente Hipólito Mejía, mediante el Decreto No. 410-01 del 21 de marzo del 2001, en base al anteproyecto de Constitución de la República elaborado por el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), así como en la función de Contraloría reservada a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República.

De igual manera suscribo la propuesta realizada por la citada comisión en lo que se refiere a la constitucionalización de un sistema que propicie la descentralización y horizontalización del poder, de tal suerte que sean los ciudadanos, cada vez más, los artífices de su propio futuro.

La creación de los poderes Municipal y Electoral, o el reforzamiento constitucional de las estructuras existentes, supondría necesariamente una mayor democratización del poder político, y por lo tanto, una mayor legitimación de sus actuaciones.

La constitución que queremos debe propiciar mecanismos de consulta ciudadana a todos los niveles: La incorporación del plebiscito como requisito sine qua nom para la toma de decisiones que comprometan la soberanía de la Patria y la estabilidad de su sistema político; de igual manera, la incorporación del referéndum para la toma de decisiones importantes, así como de mecanismos que posibiliten el control social del gasto público a todas las escalas, mediante la participación de instancias representativas de todos los estratos sociales.

No quisiera dejar de mencionar la necesaria incorporación a nuestra norma sustantiva de un proceso de modificación Constitucional que realmente sea democrático y participativo; les hablo de la adopción de la Asamblea Nacional Constituyente, uno de los más preciados anhelos del Dr. Peña Gómez, como mecanismo mediante el cual se elegiría por voto directo y popular a los constituyentes, no sólo de los Partidos Políticos sino de todas las instancias organizadas de la sociedad, a fines de procurar que las Constituciones sean hechas a imagen y semejanza de las aspiraciones de la totalidad del pueblo dominicano.

Pudiera hacerse larga la lista que brevemente le he descrito, y estoy seguro -y espero que así sea- de haber obviado u olvidado impostergables reformas que deben ser incorporadas a nuestro texto y que seguro algunos de ustedes ya la tendrán formulada en toda su extensión, mas no hay de que preocuparse, ello mismo es una prueba de que el proceso de creación de esa Constitución que queremos debe ser totalmente plural, abierto y participativo, sólo nos resta pues luchar porque así sea.

Muchas gracias

Orlando Jorge Mera

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