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El Espejo de Chile

Enviado en 25 enero, 2005 Para 3:00 pm Escrito por en Artículos de opinión

En el curso de la semana pasada, se celebró una conferencia organizada por la Fundación e-Libertad, que tuvo como orador invitado al Superintendente de Electricidad y Combustibles de Chile, Dr. Sergio Espejo, quien disertó sobre la “economía política de la regulación: la experiencia de Chile”. De esta conferencia, extraí los principios cardinales que aseguran el cumplimiento efectivo de la función reguladora de servicios públicos.

El derecho de la regulación económica nace como consecuencia del cambio de rol del Estado empresario para convertirse en un Estado regulador. Hay que recordar que, hasta finales de los ochenta, y salvo honrosas excepciones, el Estado era el administrador de las otrora empresas estatales, así como de los principales servicios públicos, función que todavía desempeña en algunos casos. Sin embargo, a partir del año 1997, que comienza la etapa de la aprobación de importantes reformas estructurales, como lo fue en el caso de las telecomunicaciones y de la electricidad, el Estado ha visto desplazar su rol para ser una entidad que provea las reglas claras que permitan el desarrollo de los mercados.

El primer principio es la opción por la competencia. Los mercados competitivos deberían ser la regla general, y la intervención estatal ser la excepción, solo en aquellos casos donde la competencia no existe, o es insuficiente. El ejemplo más claro de esto nos lo ofrece las estadísticas de las líneas móviles que en nuestro país han crecido extraordinariamente en los últimos años, producto de la competencia que existe en ese mercado. Más recientemente, hemos visto, como anticipándose a la entrada en vigencia de importantes planes técnicos fundamentales, una empresa de este sector ha anunciado que ha decidido eliminar los cargos a las llamadas de larga distancia nacional.

El segundo principio es el de la mínima intervención, que ha tenido resultados positivos en el campo del servicio público de telecomunicaciones. Es de esperarse que este principio surta sus efectos en el campo de la electricidad. El contrapeso de la libertad tarifaria es el fortalecimiento de los derechos de los usuarios de los servicios públicos, a fin de que puedan ejercer las sus derechos y obligaciones.

Por último, la estabilidad de las reglas y la existencia de mecanismos adecuados para la resolución de controversias resultan centrales para mitigar costos de transacción e incrementar la eficiencia de la regulación. La creación del tribunal de defensa de libre competencia se enmarca dentro de los desafíos que tiene el país para complementar la infraestructura reglamentaria.

Hay que apostar por el fortalecimiento de la capacidad reguladora de los organismos reguladores para asegurar inversiones en los mercados, cobertura, y la calidad de servicio y precios que los ciudadanos demandan.

El autor es abogado.

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