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Por un Proyecto de Nación

Enviado en 01 marzo, 2006 Para 8:25 am Escrito por en Política

Los firmantes, en nuestras expresas calidades de representantes de los Partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Socialcristiano (PRSC), que integran la Gran Alianza Nacional, ante las elecciones congresuales y municipales del 16 de mayo de 2006, asumen el siguiente compromiso:

PREÁMBULO

La República Dominicana del Siglo 21 requiere de cambios fundamentales y profundos, en su institucionalidad y en su economía. Estos cambios deben hacer del país una sociedad incluyente, equitativa, solidaria y tecnológicamente avanzada.

La vigencia plena de los valores democráticos, junto a una verdadera capacidad competitiva, son requisitos imprescindibles, para nuestra inserción exitosa en los escenarios internacionales.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano, elaborado en el 2005 por el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), constituye el diagnóstico más acabado de la realidad que vive la República Dominicana.

Este informe señala que la carencia de políticas coherentes en la lucha contra la pobreza, la crisis del sector eléctrico, el desafío de la seguridad social y la competitividad del sector productivo nacional ante los tratados de libre comercio, entre otros temas de interés nacional, obligan a que la mayoría democrática resultante de las elecciones de mayo de 2006, sea puesta al servicio de los mejores intereses de la Nación.

La firma de este pacto es la más resuelta expresión de voluntad política, dispuesta a enfrentar de manera total los retos y desafíos para construir una mejor República Dominicana, en honor a nuestros líderes máximos, Dr. Joaquín Balaguer y Dr. José Francisco Peña Gómez, luchadores incansables por la prosperidad del pueblo dominicano.


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ACORDAMOS,


1.- Impulsar una reforma institucional que garantice un Estado más eficiente y la participación de la sociedad en los procesos, a través de la descentralización de los organismos municipales. Una reforma que le devuelva la capacidad reguladora al Estado y fortalezca el Estado de Derecho en provecho de las dominicanas y los dominicanos, a partir de las siguientes acciones:

a) Propiciar Acuerdos entre todos los partidos para cumplir la Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa, a fin de profesionalizar la gestión pública y garantizar la continuidad de los procesos administrativos.

La inestabilidad del cuerpo de funcionarios es una gran limitación para el logro de la eficiencia; es un freno a la implementación y aplicación de las políticas públicas, que debilita, por tanto, las posibilidades de una inserción mundial de calidad. Violentar la Carrera Administrativa fomenta el clientelismo, la improvisación, la ineficiencia y la corrupción públicas.

b) Establecer un sistema de gestión de recursos públicos con las mejores prácticas presupuestarias, dando estricto cumplimiento a las fases de formulación, ejecución y evaluación de logros.

Impulsaremos la aprobación de la Ley de Compras del Estado y exigiremos la rendición de cuentas a todos los niveles, con sanciones penales a su incumplimiento. Asimismo, nos comprometemos a trabajar por la reforma de la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público, con el objetivo de eliminar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el manejo de excedentes y fondos especiales o parafiscales.

c) Introducir la auditoría social en los mecanismos de rendición de cuentas.

d) Crear mecanismos de descentralización de responsabilidades sociales y de recursos económicos, desde el gobierno central hacia los gobiernos locales, como parte del empoderamiento de las personas dentro de un esquema de desarrollo humano. La descentralización de los gobiernos locales debe darse sobre la base de los principios de la eficiencia, la transparencia, la equidad y la participación social, acompañados con el fortalecimiento de la estructura de gestión de los ayuntamientos.

En ese sentido, se promoverá la aprobación de la Ley de Organización Municipal, que incorpore la obligatoriedad de implementar el presupuesto participativo de las finanzas municipales; que regule el ordenamiento territorial y modernice los servicios públicos municipales.

e) Fortalecer el sistema de una administración de justicia independiente, para lo cual se perfeccionarán los dispositivos de acceso a la misma, tanto en sus aspectos formales como informales. Esto supone, entre otros elementos, el desarrollo de un amplio programa nacional de educación ciudadana, sobre derechos fundamentales y sistema de justicia; el fortalecimiento institucional y funcional del sistema de defensa pública; la existencia de un Ministerio Público independiente y modernizado; la agilización de los procesos judiciales para que la ciudadanía cuente con soluciones prontas a los problemas que cotidianamente enfrentan en el sistema de administración de justicia, y la profesionalización y modernización del cuerpo policial, así como, la adopción de políticas públicas que garanticen la seguridad ciudadana.

f) Promover y aprobar leyes que sancionen la corrupción tanto privada como pública.

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2.- Proponer una reforma constitucional amplia y consensuada, que defina la nacionalidad y la ciudadanía, con apego a la identidad nacional, que consagre los derechos de la ciudadanía, que incorpore los derechos sociales y ambientales, que establezca mecanismos de participación para las grandes decisiones nacionales, y reconozca los derechos de los dominicanos en el exterior.

Incluir en la Constitución de la República los derechos reivindicados por las leyes vigentes a favor de la mujer, la niñez, la juventud, los envejecientes, los discapacitados y otros sectores vulnerables pendientes de reconocimientos, a fin de convertirlos en elementos esenciales de la vida nacional.

Estos derechos se convertirán en políticas públicas reales con el propósito de asegurar un mejor presente y futuro para todas las dominicanas y los dominicanos.

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3.- Trabajar por la reforma del aparato productivo nacional para que pueda competir internacionalmente pero con inclusión social; que incorpore al individuo como portador de conocimientos y de las habilidades necesarias para mejorar la productividad; y que respete el ambiente. En ese sentido, reconocemos y proponemos que:

a) El turismo necesita ser expandido y reestructurado hacia un modelo de mayor integración social.

b) Las zonas francas y las exportaciones nacionales deben reestructurarse y enfocarse hacia una industria de alta tecnología y de servicios, para enfrentar los cambios en el escenario internacional. Esto requiere un sistema nacional de innovación tecnológica y mejorar las condiciones de vida y las capacidades de las personas por ser éstas las portadoras de los conocimientos y la tecnología.

c) Impulsar la aplicación de un programa nacional para el desarrollo de la industria pesada, como: astilleros para construcción y reparación de barcos, acerías, metalmecánica orientada a la fabricación de partes de vehículos, máquinas, herramientas, y otras. El país brindará todas las garantías y acciones de fomento a las inversiones en estos rubros esenciales al desarrollo, en condiciones de alta competitividad.

d) El sector energético en sentido general, y en especial el eléctrico, recibirá un trato esmerado con el fin de crear un Código de Energía que incluya el ahorro, la generación – tomando en cuenta las fuentes no convencionales – la transmisión, la distribución y comercialización de la energía. Se aprobarán leyes para la eliminación de todos los contratos de suministro de electricidad convenidos a precios onerosos o que incluyan cláusulas de pago por energía no servida. Estas leyes deben proteger a los abonados de bajo consumo, pero se criminalizará el consumo y las conexiones ilegales.

e) La producción agropecuaria y la agroindustria serán vinculadas a la política alimentaria de la Nación, con el propósito de dotar el país de las necesarias garantías en una materia propia de la seguridad nacional. Del mismo modo, este sector será convertido en un verdadero eje de crecimiento y desarrollo con miras a incrementar y consolidar su presencia en los exigentes mercados internacionales.

f) La eficiencia productiva y la mejoría en las condiciones de vida de las personas son parte de un mismo proceso. El logro de esta meta requiere un compromiso de largo plazo que garantice la eficacia de las inversiones en forma continua en las áreas de educación, salud y medioambiente.

g) Se aplicarán políticas específicas y apropiadas para aumentar el empleo productivo.

h) Los dominicanos tenemos derecho a un medio ambiente sano, por tanto, los Ayuntamientos, conjuntamente con el Gobierno, trazarán políticas y normas para asegurar la recuperación de los ecosistemas amenazados por intervenciones humanas no racionales.

h) Se promoverá la protección y aprovechamiento racional de los recursos naturales. La defensa y protección de los recursos naturales es una prioridad nacional, y por tanto, es obligatorio consolidar el proceso de institucionalización iniciado con la creación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el año 2000.

Se hará cumplir la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00 y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, asimismo, se harán aprobar varias leyes sectoriales pendientes, como son la Ley General de Aguas, la Ley de Fomento Forestal, la Ley Sectorial de Pesca y una nueva Ley General de Minas, las cuales son reclamadas con urgencia.

Apoyaremos los programas de educación ambiental que sean necesarios para capacitar y sensibilizar la población acerca de la importancia de conservar o construir un entorno sano para todos y, en especial, para las futuras generaciones.

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4.- Proponer una profunda reforma fiscal para el desarrollo humano. Esta reforma establecerá metas específicas a ser alcanzadas con los recursos de los contribuyentes. Habrá transparencia para que el pueblo sepa en qué se invierten sus dineros.

5.- Reestructurar el gasto público en función de las metas nacionales, invirtiendo más donde se ha invertido menos, colocando en la más alta prioridad la formación de recursos humanos mediante un sólido sistema educativo y formativo; el sistema nacional de salud y la seguridad social figurarán entre las metas fundamentales de este plan de desarrollo; de igual forma, se rediseñara y fortalecerá la estructura cultural nacional para que se convierta en verdadero instrumento creativo de la identidad y transmisión de nuestros valores nacionales.

Con el interés de que el presente pacto sea conocido, revisado y ampliado, los suscritos nos comprometemos a presentar el mismo por ante las fuerzas vivas de la Nación, sin distinción de banderías políticas ni partidarias para que todas las dominicanas y los dominicanos construyamos la República Dominicana que anhelaron los Padres de la Patria: Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, con más democracia y con más oportunidades.

Hecho y firmado, en Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil seis (2006).


Partido Revolucionario Partido Reformista
Dominican (PRD) Social Cristiano (PRSC)

Ramón Alburquerque Federico Antún Batlle
Presidente Presidente

Orlando Jorge Mera
Secretario General 

Víctor Gómez Casanova
Secretario General


Oficina Política.

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