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El desierto de los tártaros

Enviado en 08 agosto, 2006 Para 3:00 pm Escrito por en Artículos de opinión

El presidente Leonel Fernández ha vivido en los últimos meses los momentos más difíciles de su mandato que cumplirá dos años el próximo 16 de agosto. Al margen de las políticas públicas que no han podido alcanzar los objetivos trazados, los escándalos generados desde el propio gobierno con motivo de la remisión de los contratos de concesión y de préstamos, altamente cuestionados, han colocado al gobierno en la defensiva.

No ha habido una respuesta clara y precisa a las siguientes preguntas: ¿Por qué si el gobierno se desinteresó del proyecto de la isla artificial, el propio gobierno lo reintroduce de nuevo?

¿ Por qué el gobierno no observa y devuelve el contrato de la isla artificial y los préstamos del equipamiento y modernización de la Policía, entre otros?

¿Por qué el Ministerio Público no ordena de oficio una investigación exhaustiva sobre los escándalos que involucran a algunas instituciones del estado en el manejo y administración de contratos cuestionados?

El gobierno debe tomar acciones contundentes que despejen cualquier duda que pueda existir. En lo que respecta a la oposición, ya ésta las ha tomado, y ha dejado claramente sentado, en lo que se refiere al PRD, que sancionará a los legisladores que vulneraron la línea política de rechazar estos proyectos por considerarlos que lesionan el interés general de la nación. Esto será llevado hasta las últimas consecuencias, siguiendo el procedimiento sancionador establecido en los Estatutos Generales del PRD.

Por eso, el presidente Fernández debe, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, observar los proyectos cuestionados y devolverlos al Congreso Nacional, para que, los legisladores que asumirán sus puestos el próximo 16 de agosto, conozcan los mismos y los rechacen. Inclusive, puede ponderarse la posibilidad de que el Poder Ejecutivo introduzca la acción directa de declaratoria de inconstitucionalidad de la concesión del proyecto de la isla artificial por ante la Suprema Corte de Justicia. Es una oportunidad que tiene el gobierno para dejar claramente definida su posición.

Asimismo, el gobierno debe instruir al Ministerio Público y a la Comisión de Ética Pública que realicen todas las investigaciones de lugar para que sean traducidos a la acción de la justicia quienes resulten responsables de tales actos que han puesto en entredicho a la actual administración. Solo que estas investigaciones no queden archivadas como la realizada al proyecto del portal del gobierno electrónico.

Lo anterior es hacer oposición útil a la sociedad.. El gobierno, por su parte, debe tener la humildad para recibir las críticas constructivas. Y es que la buena política, en esencia, no puede prescindir de la competencia. Es una mezcla de conflicto y de diálogo racional. Nada técnico. Pura política.

El autor es Secretario General del PRD.

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