Un envio del blog

La OEA sí puede

Enviado en 09 septiembre, 2007 Para 3:00 pm Escrito por en Artículos de opinión

Algunas voces respetadas han afirmado que la Organización de Estados Americanos (OEA) no tiene facultad legal para conocer la denuncia formulada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) sobre el uso de los recursos públicos por parte del presidente Leonel Fernández en su campaña reeleccionista, en razón de que el PRD debió agotar los recursos legales internos que existen en la República Dominicana.

La anterior afirmación carece de validez, toda vez que la denuncia del PRD no se enmarca en los niveles jurisdiccionales establecidos por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos que corresponden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estos organismos, cuya base legal está contenida en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, mejor conocida como el Pacto de San José, tienen la facultad y la competencia de conocer sobre denuncias de violaciones a la referida Convención.

El caso más reciente que involucra a la República Dominicana ha sido la sentencia de la Corte Interamericana sobre la cuestión migratoria.

Ante estos organismos jurisdiccionales, un requisito esencial para la admisibilidad de la denuncia o queja es haber “interpuesto y agotado los recursos internos” (Articulo 46, CADH), es decir, que se hayan recurrido en todas las instancias que la ley acuerda en cada caso.

La denuncia del PRD no está basada en el Pacto de San José ni apodera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni mucho menos a la Corte Interamericana.

Por el contrario, la denuncia del PRD está fundamentada en la Carta Democrática Interamericana aprobada en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, a la cual me referí en la columna del sábado pasado.

La Carta Democrática constituye el instrumento jurídico que vincula a los Estados miembros de la OEA a garantizar el clima institucional y democrático que asegure la celebración de elecciones libres y justas y la existencia de un estado de derecho apegado a las normas constituciones y legales.

El origen de la Carta Democrática está vinculado al proceso electoral del año 2000 en el Perú con la reelección del presidente Alberto Fujimori.

El uso de los recursos del Estado por el presidente Fujimori motivó a que la OEA, atendiendo a un pedido de la oposición, enviara el 6 de junio de 2000 una Misión de Alto Nivel para evaluar las preocupaciones que estaba generando la reelección en Perú. Los resultados fueron muy positivos para la institucionalidad democrática del Perú.

Con su denuncia, el PRD alerta a la OEA sobre la situación que está viviendo el país respecto al deterioro institucional provocado por las actuaciones recientes del presidente Fernández, candidato a la reelección.

La denuncia, por tanto, es legal y legítima.

respuesta