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Rendición de Cuentas

Enviado en 29 septiembre, 2007 Para 3:00 pm Escrito por en Artículos de opinión

Si la República Dominicana estuviera regida bajo el sistema parlamentario, estoy seguro que el presidente Leonel Fernández ya hubiese respondido ante el Parlamento todo lo relacionado con el Poder suscrito por él al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado para la suscripción de 19 pagarés por un monto total de US$130 millones, sin la autorización del Congreso Nacional, en violación a la Constitución de la República.

Una de las virtudes cardinales de la democracia parlamentaria descansa en las llamadas “sesiones de control” que el Parlamento realiza al Ejecutivo para obtener respuesta ante las diversas políticas públicas, de cualquier naturaleza, que desarrolla el gobierno. A través de la televisión española o inglesa, se pueden apreciar las sesiones de control en las que la oposición expone sus puntos de vistas y el gobierno, a través del Primer Ministro o Jefe de Gobierno, responde.

La Constitución de la República, a diferencia del régimen parlamentario, establece el mecanismo de la separación de los poderes, en el que la rendición de cuentas consiste en que el Congreso Nacional debe examinar las actuaciones de los funcionarios públicos a través de dos procesos constitucionales: la interpelación y el juicio político. Sobre estas dos figuras constitucionales existen escasos precedentes, que han respondido más bien a coyunturas políticas muy particulares en épocas en donde los valores democráticos no han estado arraigados en la sociedad.

Esta claro que si el presidente Leonel Fernández ha otorgado un poder a favor de un funcionario para la obtención de un préstamo que compromete el crédito de la República Dominicana, debió haber sido aprobado por el Congreso Nacional al tenor de las disposiciones contenidas en el Artículo 37, numeral 13. Adicionalmente, los 19 pagarés suscritos por el funcionario delegado a nombre del Gobierno dominicano, que contienen cláusulas compromisorias del crédito del país, también debieron tener la aprobación congresional.

No haberlo hecho, constituye una violación de la Constitución que obliga al Congreso Nacional a exigir una explicación sobre este particular, a través de los mecanismos constitucionales vigentes, y, por consiguiente, a ejercer la autoridad de control del gobierno.

Ante la falta de transparencia que caracteriza al gobierno, en este caso y en otros tantos más, el Congreso Nacional debe asumir su responsabilidad, como “órgano del pueblo” y de “la confianza” depositada por el voto popular. En este siglo 21, con los valores que caracterizan a la democracia, como la transparencia y la rendición de cuentas, las responsabilidades deben ser establecidas por el bien de nuestra democracia.

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