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Agravios a la Constitución

Enviado en 20 octubre, 2007 Para 3:00 pm Escrito por en Artículos de opinión

La acción en inconstitucionalidad sobre el préstamo de los US$130 millones interpuesta por el PRD ante la Suprema Corte de Justicia está basada en el artículo 46 de la Constitución de la República que dispone que‚ son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.

Esta disposición constitucional proclama la supremacía de la Constitución e impone la fuerza vinculante de sus preceptos, es decir, la obligación de ser respetada por los funcionarios, empleados y agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones como en las relaciones de la administración pública con los particulares, al igual que por éstos últimos en las actividades que les conciernen.

La primacía de la observancia de la Constitución del Estado está por encima de cualesquiera otras normas de menor jerarquía, y por ende, sobre cualquiera de los otros instrumentos o actos enumerados por el citado artículo 46, como bien ha señalado el jurista Juan Manuel Pellerano Gómez en su artículo “El control judicial de la constitucionalidad” (Capel, 1998).

La expresión ‚acto‚ a la que se refiere el artículo 46 representa, por tanto, a actos emanados de los poderes públicos. El contrato de construcción suscrito entre el gobierno de la República Dominicana y The Sun Land Corporation RD, S.A., así como el poder suscrito por el Presidente Leonel Fernández para la firma del contrato, los 19 pagarés firmados por el gobierno dominicano y las distintas cartas acuerdos, constituyen‚ actos‚ emanados de los poderes públicos, en este caso, del gobierno de la República Dominicana, que no cumplieron con el voto de la Constitución para su validez y eficacia.

En este caso, los vicios de inconstitucionalidad que afectan esta violación flagrante son de tres clases: De procedimiento, de competencia y de contenido normativo material. De procedimiento, pues el presidente Fernández no sometió este préstamo a la autorización del Congreso Nacional. De competencia, pues el presidente Fernández y su apoderado se arrogaron las atribuciones del Congreso Nacional al incorporar un conjunto cláusulas (como las de exención de impuestos) que no le correspondían. Y de contenido, puesto que solamente en virtud de una ley o mediante la aprobación congresional pueden conocerse este tipo de instrumentos que comprometen el crédito de la República Dominicana.

Por otra parte, la obligatoriedad asumida por el gobierno de erogar fondos públicos, en virtud del contrato y de los pagarés firmados, no fue debidamente autorizada por la ley ni aprobada por el Congreso Nacional, lo cual la hace absoluta e inevitablemente inconstitucional, al tenor del artículo 113 que dispone que‚ ninguna erogación de fondos públicos será válida si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente.

El presidente Fernández le ha producido, con su actuación, múltiples agravios a la Constitución. La Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos una decisión de suma trascendencia para la institucionalidad del país.

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