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Democracia, Transparencia, e Institucionalidad

Enviado en 07 octubre, 2007 Para 8:31 pm Escrito por en Entrevistas

Orlando Jorge Mera entrevista esta semana al Director Ejecutivo de Participación Ciudadana Javier Cabreja, con quien habla de temas cruciales en tono a la fortaleza de las instituciones públicas en la R. D.  Participa en la misma  Servio Tulio Castaños, quien es Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia,  y la destacada comunicadora y periodista Nuria Piera.

LECTURA:
Orlando Jorge Mera (OJM)
Javier Cabreja (JC)
Servio Tulio Castaños (STC)
Nuria Piera (NP)
Participación Ciudadana (PC)
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)

Hay mucha preocupación en el R. D. sobre el nivel de fortaleza o debilidad de las  instituciones públicas, no puede haber desarrollo económico sin la existencia de instituciones estables que no cambien las reglas de juego y que su accionar sea a través de un modo transparente, eso es lo que reclama la democracia en este siglo XXI, transparencia y cercanía del Gobierno, de Estado con los ciudadanos.   Por eso en el programa de hoy vamos a tratar ese tema, Democracia, Institucionalidad y Transparencia,  con el Director Ejecutivo de Participación Ciudadana Javier Cabreja, con quien vamos a hablar estos temas cruciales que tienen que ver con la fortaleza de las instituciones públicas en la R. D.  Contaremos también con la participación de Servio Tulio Castaños, quien es Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia,  y con la destacada comunicadora Nuria Piera.  Les invito por lo tanto en el próximo segmento a compartir estas interesantes entrevistas.

OJM.- Es muy grato tener en nuestro programa de hoy al Director Ejecutivo de Participación Ciudadana Javier Cabreja.  Javier muchas gracias por corresponder con nuestra invitación.

JC.- Muchas gracias Orlando por la invitación y la oportunidad de reflexionar sobre estos temas tan importantes para el país.

OJM.- Vamos a hablar hoy sobre democracia, institucionalidad, transparencia que tradicionalmente son los objetivos por los cuales fue creado PC, entre otros.  Me gustaría comenzar por una nueva dimensión que está dando PC como aliada de transparencia internacional.   Recientemente se publicó el informe de transparencia internacional sobre la percepción de la corrupción a nivel mundial y de manera particular en R. D.., que resaltó que de los 32 países de América Latina R. D. está en el lugar 21, es decir todavía se mantiene la percepción de que hay corrupción y que el nivel de corrupción es muy elevado en nuestro país, a pasar de que en términos formales tenemos una serie de estructuras que están encargadas de combatir la corrupción.   Si nos pudiera hablar un poco del informe y cómo tú ves el combate de la corrupción en la actualidad.

JC.- Yo creo que índice que hace transparencia internacional es muy importante para medir como la ciudadanía está percibiendo lo que se hace desde los Estados respecto al tema de la transparencia y respecto al combate de la corrupción.   Tú decías que la R. D., quedó en América Latina de 32 países en el lugar 21, y un dato importante es el índice mismo que plantea que la R. D. obtuvo un 3 en el índice, es un índice que mide del 1 al 10, siendo el 10 el país con mayor nivel de transparencia y de combate a la corrupción o con 0 corrupción y el número 1 el país más corrupto, o es la calificación de un país con un nivel de corrupción alto.   Nosotros en relación al año pasado aumentamos apenas dos décimas, es decir pasamos de 2.8 a 3 y en los análisis que hace Transparencia Internacional indican que todos los países que se ubican en 3, alrededor de 3, o por debajo de 3 son países con niveles de corrupción muy altos, con niveles alarmantes de corrupción.   Por ende la R. D. no tiene ningún motivo para estar satisfecha con haberse movido apenas 2 décimas, lo que indica que muy poco es lo que se ha hecho en nuestro país con respecto a la corrupción.   Qué cosas pudieran estar explicando esa percepción.  Desde mi punto de vista primero el hecho de que tenemos un Gobierno, una Administración Pública que una de sus promesas fundamentales fue esencialmente el combate a la corrupción y promover la transparencia desde el Estado Dominicano y ciertamente por la práctica que ha habido se percibe que no existe en nuestro país aún y no ha existido una real voluntad política para el combate a la corrupción, tenemos en primer lugar todo un sistema de justicia, por ejemplo, que no   ha sido efectivo en la persecución y en el castigo de la corrupción y múltiples son la razones, por ejemplo tenemos que los actores del sector justicia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, ambas instancias se acusan unas a otras por ese nivel de eficiencia, entendemos que no ha habido la coordinación necesaria, es decir no hemos tenido un Ministerio Público eficiente en la elaboración de expedientes, pero al mismo tiempo no hemos tenido Jueces que hayan sido diligentes para combatir y sancionar de manera efectiva la corrupción, eso es el plano del Sistema Judicial por ejemplo. Pero tenemos que ciertamente en el país tenemos desde del Gobierno instituciones llamadas a combatir y prevenir la corrupción, como es la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa, lo que era el DPCA o Departamento de Prevención de la Corrupción y tenemos la Comisión Nacional de Ética  y Combate a   la Corrupción.  Pero estas instituciones no han podido ser efectivas por que no han tenido el apoyo y el acompañamiento efectivo del Poder Ejecutivo respecto a su labor, es decir tenemos una Dirección de Persecución de la Corrupción, pero sin los suficientes recursos financieros y suficientes recursos tecnológicos, humanos para poder hacer un trabajo efectivo desde este departamento, pero al mismo tiempo uno evidencia y se da cuenta que no ha tenido la independencia necesario para llevar a cabo una lucha contra la corrupción al margen del acontecer político partidario del día a día, porque el Departamento como parte del Ministerio Público es muy dependiente del Poder Ejecutivo y entendemos que ese es   un problema.  Luego están órganos de control del Estado que no  han funcionado, y todo lo contrario, han sido objeto de escándalos públicos que no ha beneficiado el trabajo o la percepción que sobre esas instituciones la ciudadanía debe tener sobre ellas, como es el caso de la Cámara de Cuentas, por ejemplo la situación que se dio respecto al aumento, al incremento de los salarios en esta institución, o respecto al hecho de que hay una discusión, una confrontación entre la DPCA y la propia Cámara de Cuentas, porque la DPCA dice que la Cámara de Cuentas no ha hecho las auditorias necesarias para los expedientes que está investigando este Departamento, esta Dirección.  Entonces hay un problema ahí bastante serio, luego otros hechos y otras situaciones que se ha presentado en el país respecto a ese tema.

OJM.- Respecto a ese tema vamos a volver después que escuchemos la opinión que nos tiene el Lic. Servio Tulio Castaños, quien es vicepresidente de la FINJUS, sobre este tema de la lucha contra la corrupción en la R. D., veamos.

VTR.- Servio Tulio Castaños

Yo pienso que la democracia dominicana sigue estando en un proceso de construcción y yo creo que está haciendo falta en el Estado dominicano que nosotros definamos aún más y fortalezcamos los órganos de controles.   Yo creo que en la R. D. no fortalezcamos al Congreso Nacional, que de los poderes del Estado es el que controla los demás, yo creo que en definitiva el problema de la corrupción en la R. D. seguirá siendo uno de los principales problemas y su sola solución se va a complicar como se  ha venido complicando en los últimos años.  Y esto lo decimos porque inclusive el propio órgano rector del Sistema Nacional de Control, es decir la Cámara de Cuentas, recientemente se pronunció en el sentido de que ella no le remitía los informes, que son los que sustentan los casos de corrupción al Ministerio Público, decía ella, como consecuencia de que no contaba con un presupuesto, pero también vemos que los informes, que de conformidad con lo que establece la Constitución, la Cámara de Cuentas, vuelvo y reitero el órgano rector del sistema nacional de control, debe enviarle la Congreso Nacional de conformidad con lo que establece la Constitución.   No solamente es deficiente, sino que el Congreso Nacional desde el año 1998 ni lo aprueba, ni lo desaprueba.  Yo creo que esa es una de las grandes deficiencias, digámoslo así, del sistema democrático, de la democracia dominicana y yo creo que es uno de los principales puntos de agenda que deberán de tenerse en una eventual reforma a la Constitución, también tenemos que el sistema de justicia, a pesar que ha sido el poder del estado que en los últimos años más a avanzado, sigue siendo deficiente.

OJM.- Hemos escuchado la opinión del licenciado Servio Tulio Castaños y me gustaría saber si tiene alguna reacción, pero conectándolo a una propuesta que hizo el Presidente de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que se cree la figura de un Fiscal Nacional anticorrupción.   ¿Qué opina de se tema?

JC.- Con relación a las reflexiones que hacía el Dr. Servio Tulio, es muy importante lo que el destacaba sobre el papel del Congreso Nacional en materia de supervisión y de control de los demás   poderes del Estado, sobre todo del Poder Ejecutivo y que lamentablemente es una función que el Congreso no ha desempeñado con todo el rigor que un Estado democrático y un Estado transparente requiere…

OJM.-… que es rendición de cuentas…

JC.-… que es el tema de rendición de cuentas, que la rendición de cuentas sea efectiva, que el Ejecutivo cuando rinda cuentas lo haga sobre la base de los expedientes, de la documentación, que permita tener un informe real de lo que ha hecho el Gobierno y como ha manejado el presupuesto.   En ese sentido entendemos que es importante fortalecer el Ministerio Público también, sobre todo cuando hay denuncias de que algún funcionario, algún servidor, a incurrido en hechos y en actos de corrupción.   Sin un Ministerio Público fortalecido y realmente independiente sería muy difícil el combate y la persecución de la corrupción y en ese sentido entendemos que son importantes y valederas propuestas como la que hace el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en lo relativo a crear la figura del Fiscal Nacional Anticorrupción.  Yo creo, y es una propuesta que se viene haciendo desde hace tiempo que esto vendría a fortalecer los mecanismos que en términos institucionales tiene que crearse para llevar a cabo esta lucha contra la corrupción en nuestro país.   Esto qué vendría a aportar,  yo creo que daría mucho más fuerza, mucho más independencia y especializaría a un área del Ministerio Público para el combate a la corrupción en nuestro país.   Yo creo y apoyamos una propuesta de este tipo.

OJM.- Un tema muy importante que tiene que ver con Participación Ciudadana es el observatorio que hace Participación Ciudadana de la aplicación de la Ley de acceso a la información pública, que guarda mucha relación a la percepción de la corrupción.   En la media en que el Estado sea transparente en sus actividades, en esa medida va a ir disminuyendo el índice de percepción de corrupción en el país.   Sobre ese tema de la implementación de la red de acceso a la información pública vamos a conversar en el próximo segmento con Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana.

OJM.-  Desde el punto de vista institucional uno de los logros más importantes que hemos tenido ha sido la promulgación de la Ley de acceso a la información pública y su reglamento, sin embargo a pesar del esfuerzo que hacen muchas instituciones, no todas, pero importantes instituciones del Estado, pues todavía no hay una   cultura respecto a la implementación de la Ley de acceso a la información pública. Participación  Ciudadana tiene un observatorio sobre esto y con cierta frecuencia emite unos informes.   ¿Cómo marcha el tema de esta implementación de este instrumento legal tan importante?

JC.- Coincido contigo en que en materia de transparencia ha sido una de las reformas más importantes que hemos tenido en el país en las últimas décadas, en el sentido de que toda la lucha efectiva contra la corrupción requiere de un marco legal que permita constituir un Estado mucho más transparente.   Yo creo que ciertamente en el país hemos tenido la aprobaciones de Leyes, tanto la Ley de acceso a la información pública, como la Ley de contrataciones pública que son importantes y que se encaminan en esta dirección.   Ahora nosotros estamos convencidos de que no es suficiente la aprobación de nuevas Leyes, sino hay una real voluntad para la implementación efectiva de la misma y en ese sentido entendemos que la ciudadanía y las organizaciones tienen un papel fundamental para garantizar que esas Leyes sean implementadas, de ahí que PC diseñó y comenzó a implementar este observatorio a la implantación de libre acceso a la información pública.   Hasta el momento ya hemos presentado dos informes, resultado del mismo, ambos informes te reflejan que efectivamente algunas instituciones han estado cumpliendo con lo que está   establecido en la Ley, pero hay un número importante de instituciones públicas que aún no han cumplido ni siquiera con dos de los aspectos más relevantes de la Ley que implican los pasos inmediatos para su aplicación que es la constitución de   la Oficina de Acceso a la Información Pública y la designación del responsable de acceso a la información pública que sería la persona encargada de interactuar con aquellos que piden información respecto a esta Ley.   Nosotros evaluamos eso y vimos eso y nos dimos cuenta que una parte importante de instituciones públicas no han implementado la Ley en que respecta a esto.   En segundo lugar nosotros evaluamos un componente que tiene que ver con la página Web de las instituciones públicas.  La misma Ley establece una serie de informaciones obligatorias o informaciones de oficio que tienen que ser contenidas en la página Web de las distintas instituciones públicas.   Nosotros veíamos que aunque muchas instituciones públicas, sobre todo secretarías de estado, tienen en la internet  una página Web, pero muchas de ellas no cumplen con lo que está establecido en la propia Ley, porque muchas de estas páginas se usan fundamentalmente…

OJM.- …para fines de promoción…

JC …exactamente para el tema de promoción, informar sobre las actividades que realizan, pero informaciones que tienen que ver con el presupuesto, con la nómina, con cómo gastan los recursos, contrataciones de servicios, quiénes son los beneficiarios de esas instituciones; ese tipo de información, lamentablemente no está apareciendo en detalle y tenemos por ejemplo instituciones como la Secretaría de Estado de Educación que en la administración anterior  en materia de información vía la página Web había avanzado significativamente, incluso tenía en línea en tiempo real informaciones que tienen que ver con el manejo del presupuesto en nómina.   Ahí ha habido un retroceso, lo que es lamentable, sobre todo cuando se habla de la necesidad de un Gobierno electrónico, se habla de un más fácil acceso de la ciudadanía a las informaciones.   Se están haciendo esfuerzos que hay que reconocerlos, la CONARE, Consejo Nacional para la Reforma del Estado, ha estado trabajando para impulsar la implementación de esta Ley en distintas instituciones públicas e incluso en este momento sobre una debilidad que tuvo la Ley, y es que no creó un organismo rector encargado de velar porque las distintas instituciones públicas implemente la Ley bajo un esquema más o menos común de oficinas de acceso a la información.

OJM.- Eso pudiera ser también una deficiencia de no tener en la actualidad el defensor del pueblo.

JC.-… exactamente…

OJM.- … si tuviéramos el defensor del pueblo habría una instancia donde uno puede acudir…

JC.- Exactamente, que es la meta que podría estar contribuyendo significativamente con relación a este tema.  El caso más grave con relación a la violación de esta Ley, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con la resistencia de la OPREP de dar información al periodista Huchi Lora con respecto a los planos de El Metro de la ciudad de Santo Domingo,  y no sólo eso sino la violación de la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo que   apoyó y otorgó el Recurso de Amparo a Huchi Lora para que ese derecho le sea respetado y en ese sentido nosotros entendemos que eso es muy grave y estamos esperando el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que tiene que ser en la dirección de que se respete el derecho que tiene este periodista o que tiene cualquier ciudadano a la información pública, porque lo más importante de la Ley es   precisamente eso, que la información no puede ser una posición exclusiva de un funcionario público o de un servidor público, aquí tenemos que cambiar esa cultura del secretismo que siempre ha existido y tener conciencia de que la información es un derecho que tenemos los ciudadanos y los servidores públicos tienen que dar cumplimiento a esa Ley.

OJM.- Sobre el tema de la Institucionalidad del país, porque todo esto que estamos conversando tiene que ver con la institucionalidad de la R. D.  Recientemente la CEPAL   ha publicado un estudio titulado Visiones del Desarrollo de América Latina, y uno de los temas que trata es el vínculo que tiene la institucionalidad con el desarrollo económico.  En la medida que existan instituciones fuertes y estables el crecimiento, el desarrollo económico es de mayor profundidad y puede entonces existir una mejor justicia distributiva en términos de la riqueza.   ¿Cómo tú valoras en términos general la institucionalidad en la R. D., el clima institucional?

JC.- Yo creo que en materia institucional en la última década hemos avanzado en algunos aspectos, porque sin lugar a dudas en materia del sistema judicial y su independencia ha habido avances que hay que reconocer a partir de la Reforma Constitucional del 94 y de la escogencia de la Suprema Corte de Justicia en el 97, sin duda ahí hemos tenido avance, como hemos tenido avance en materia electoral que tiene que ser reconocida.   Pero si se quiere en otros aspectos de la institucionalidad democrática la R. D. todavía sigue teniendo profundas debilidades y profundos atrasos. Yo creo que por ejemplo todo el tema que tiene que ver con   una real independencia de los poderes públicos, ahí tenemos muchos caminos que recorrer porque si bien es cierto que hemos tenido relativo avance en esa materia, todavía tenemos un presidencialismo que hace que el poder Ejecutivo, que el Presidente de la República concentre demasiado poder en sus manos y eso no permite que la democracia y que las instituciones como el Congreso Nacional o como la propia justicia o como las municipalidades puedan desempeñar el rol que tienen que desempeñar en una democracia.   Yo creo que ese es un primer factor ahí que implica que tenemos que hacer reformas institucionales profundas para una real separación de los poderes públicos y que tengamos una menor centralización de las decisiones en el Poder Ejecutivo.   Pero hay otros aspectos relacionados con el tema de la institucionalidad, uno habla por ejemplo de los retos que tiene la R. D. respecto a un Estado moderno y a un Estado profesionalizado, no lo hemos podido asumir con éxito.   A partir de la aprobación en el 91 de la Ley de Servicio Civil y  Carrera Administrativa, que permitiría un Estado realmente profesionalizado, es muy poco lo que hemos podido avanzar y se ha hablado de que tenemos un Estado que ha respondido y responde más que a la eficiencia y a dar servicio con eficiencia al clientelismo electoral o   atender a las demandas que se hace a lo interno de los partido,  y eso no nos permite avanzar.  No podemos, por ejemplo,  en todo este proceso de inserción económica y comercial de la R. D., sino contamos con un Estado moderno, con un Estado realmente eficiente pues tenemos muy poca posibilidad de competir y debemos tener servidores públicos que estén en sus puestos sobre la base de sus méritos, de sus capacidades, de sus condiciones técnicas y no que estén en sus puestos sobre la base de haber participado en determinada campaña política.   Yo que ese es otro factor, bueno se está discutiendo una Ley de función pública que está en este momento en la Cámara de Diputados, que yo entiendo que eso podría contribuir significativamente respecto a ese tema, pero que uno lamenta el que no se haya podido avanzar aún mucho más.   Y relacionado con los dos anteriores, todo el tema de la descentralización y el tema relacionado con una real capacidad de los municipios para llevar a cabo una gestión que permita el desarrollo social y el desarrollo económico de sus localidades, por suerte recientemente se aprobó la Ley Municipal…

OJM.-… la Ley del Distrito Nacional y los Municipios…

JC.- …que yo creo que va a fortalecer estas instancias, establecer presupuesto participativo, lograr una mayor claridad respecto a la inversión en los Municipios y lograr una mayor independencia en los Municipios respecto al Poder Ejecutivo, yo creo que eso podría contribuir.   En términos generales creo que esas son debilidades institucionales que no nos permiten tener los avances que en materia de la democracia y la institucionalidad requiere el país,  y lamentablemente debates que en esta dirección se han venido dando, desde hace muchos años se aplazan, porque cuando llega la coyuntura electoral, y permanentemente en el país estamos en coyuntura electoral, no nos permite este tipo de coyuntura hacer los análisis profundos y reales sobre los cambios institucionales que aun requiere la R. D.

OJM.- Es indudable que sobre el tema de la Reforma Institucional el país tiene una agenda pendiente por delante y  las observaciones que ha hecho apuntan a que hay que trabajar mucho por la institucionalidad de nuestro país.   Sobre la cuestión de la aplicación de la Ley de acceso a la información pública vamos a ver ahora lo que nos opina la distinguida periodista Nuria Piera. Veamos.

VTR.- Nuria Piera

NP.- Bueno hemos tenido mucho avance en cuestiones de Leyes que ayudan a la transparencia y sobre todo a limitar la corrupción, una de ella es el libre acceso a la información pública.  Nosotros desde hace algunos tres años la hemos venido utilizando y nos ha dado resultado, pero hay muchos puntos organizativos que la Ley deja afuera y que ciertamente no ha habido la voluntad para que un organismo rector sea el controlador de que cada institución tenga una oficina de libre acceso a la información, los archivos de cada institución eso es una cosa que hay que entrarle de lleno para que la información pueda estar ahí fácil, de libre acceso, porque muchas veces no es que no quieran dar la información, es que no saben donde localizarla, ni cómo localizar la educación al pueblo sobre la utilización de esta Ley y de muchas otras.  Yo pienso que le corresponde a la ciudadanía pedir y exigir el cumplimiento de todas esas Leyes para que de esa forma se logre la transparencia y la institucionalidad necesaria para que el país pueda seguir hacia delante, el respeto a la Ley, el respeto del funcionario a los derechos del ciudadano debe ser primordial y la está establecido todo eso en leyes, sólo hay que acatarlas y sobre todo obedecerlas y que la ciudadanía las conozcan y exijan que se cumplan.

OJM.-   Estamos conversando con Javier Cabreja Director Ejecutivo de Participación Ciudadana.  Como sabes Javier, estamos a unos ocho meses de las elecciones de mayo del 2008, la Junta Central Electoral está inmersa en todo el preparativo del montaje de las elecciones, trabajando con el cronograma electoral y ya  envió a las distintas organizaciones y los partidos políticos el proyecto de reglamento de la campaña electoral que tiene la particularidad, otra vez, que el Presidente de la República es el candidato a la reelección, y la JCE en este proyecto, intenta en cierta medida normal un poco las actuaciones del candidato a la reelección, igualmente, impone también una serie de restricciones al resto de los candidatos.   ¿Qué opinión tienen ustedes respecto al reglamento de la campaña electoral?

JC.- Mira, precisamente el Consejo Nacional de Participación Ciudadana se encuentra estudiando ese reglamento y estaríamos haciendo llegar nuestras observaciones al mismo.  Pero en términos generales nosotros hemos planteado públicamente que apoyamos una iniciativa de esta naturaleza, porque es tiempo de que se comience a regular las campañas electorales en nuestro país.   Lamentablemente no contamos con una legislación, con una ley electoral que sea la que contenga una serie de medidas y dispositivos que de alguna manera se intentan reflejar en el reglamento.   No obstante en lo que se da en el país un proceso de análisis y de cambios a esta ley, nosotros estimamos que es conveniente un reglamento como el que acaba de aprobar la JCE, por distintas razones.   Nosotros entendemos que, por ejemplo, el hecho de que las campañas electorales no comiencen con tanto tiempo de antelación, de que inicien a partir de la proclama que hace la JCE de inicio del proceso electoral, yo creo que es una buena medida que la Ley misma lo establece, pero que lamentablemente esto no ha sido respetado en nuestro país, y tenemos la sensación de que permanentemente en la R. D. vivimos en campaña electoral.   Yo creo que un aporte de esta naturaleza es importante y el reglamento lo contiene, como es importante también el hecho de que los partidos políticos en el marco de la campaña electoral se tengan que apegar a una serie de principios éticos que el propio reglamento establece, en el sentido de que no haya una campaña sobre la base de un discurso de descalificación del otro candidato, de que vaya   a debates entre los candidatos que permita la discusión sobre programas de gobierno, sobre ideas y sobre propuestas de cómo impulsar un país distinto, un país mucho más desarrollado, y yo creo que ese es un aspecto también importante, como elementos más prácticos y operativos relacionados con que las movilizaciones, de que los partidos no coincidan en espacio y en lugar para evitar cualquier tipo de confrontación, yo creo que eso es importante.   Otros elementos que han sido parte del debate que tiene que ver con el uso de los medios de comunicación por parte de los partidos políticos.  Yo creo que es interesante, y países como el propio Chile y como México que en su legislación establecen un control…

OJM.-… y Colombia…

JC.-… Colombia… un control del uso de los medios de comunicación, aquí debemos comenzar a hacer eso en el sentido de que no haya un abuso del uso de los medios de comunicación por parte de aquellos partidos o candidatos que tengan mayor cantidad de recursos o que tengan una relación más directa con los dueños de los medios de comunicación y nosotros entendemos que es positivo el hecho de que no haya ese elemento de discriminación respecto otros partidos políticos, es decir el reglamento contiene disposiciones que lo que busca, en término del uso de los medios de comunicación, es lograr una mayor equidad en la competencia y sin duda el factor medio de comunicación es un factor importante, fundamental en cualquier campaña electoral.   Hemos visto las preocupaciones y las quejas de algunos medios de comunicación respecto a que esto se constituiría en un elemento que coartaría la libertad de expresión.   Habría que ver, y hacer reajustes respecto a esto, pero entendemos que en términos generales no  tiene porque ser así.  Luego el propio reglamento establece algún tipo de control en el uso de los recursos, en el manejo de los recursos.   Para nadie es un secreto que las campañas en nuestro país son inmensamente costosas, el reglamento intenta establecer un tope, todavía sobre la base de cuestiones muy generales, porque lo que señala es que el tope sería el presupuesto mayor que ha presentado alguna de las fuerzas políticas, la idea es que en reforma a la legislación haya mucho más claridad…

OJM.-… si porque en ese sentido la Junta tiene esas debilidades, que no tiene toda la facultad legal…

LC… exacto, que es un problema serio.  Hay otras preocupaciones que tienen que ser revisadas, como el tema de la publicidad de las encuestas y de las firmas encuestadoras que son reconocidas y que están en derecho de hacer esa labor. Yo creo que esos capítulos y artículos del reglamento tendrían que ser revisados para no impedir que alguna firma que tiene la capacidad de hacer encuesta puedan hacerla, y que no haya un tiempo tan largo, creo que establece 5 días antes de las elecciones para sacar a la luz pública encuestas o el tema que tiene que ver con el que no se pueda difundir el que una persona o determinadas instancias están en desacuerdo en   con la participación electoral, yo creo que la constitución establece la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de organización y todo ciudadano está en derecho, si está en desacuerdo con la participación electoral, de expresarlo sin que esto necesariamente tenga consecuencias para ellos.   Yo creo que esos son de los aspectos que tendrían que ser revisados, como el hecho de que en uno de sus artículos el reglamento establece que si un medio de   comunicación da una información errada sobre algún partido, algún candidato, tenga el derecho a replica.  Esos son de los aspectos que tendrían que ser observados en reglamento, pero insistimos que en términos generales es una muy buena iniciativa y ojalá en el país podamos aprobar un reglamento de esta naturaleza y que la JCE juegue su rol sobre el tema de cómo usan los recursos los partidos políticos.

OJM.- De manera muy breve, favorecerían ustedes que han sido observadores nacionales, que la JCE agilice el reglamento de observación electoral, de manera que los observadores internacionales, de manera muy particular las misiones de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, entre otros, puedan venir con mucho más tiempo de antelación a monitorear el proceso electoral, a diferencia de como ha sido en el pasado de que justamente vienen en vísperas de las propias elecciones.

JC.- Estamos absolutamente de acuerdo con que la JCE apruebe ya el reglamento de observación, ya está más que demostrado que en la R. D. los procesos electorales no necesariamente se definen los 16 de mayo, donde ya uno puede exhibir importantes avances en materia del procedimiento electoral, ahí no está el problema, el problema está en las campañas electorales, en la manera en que se usa o que se abusa de recursos económicos, ya sean privados o recursos económicos públicos y ahí compra de conciencia y compra de voluntades y eso se da con mucho tiempo antes de las elecciones, muchos meses antes, entonces conviene que misiones de observación como la OEA, Centro Carter, u otra, puedan tener presencia ya en el país observando como se va desarrollando la campaña y como la JCE va organizando el proceso.

OJM.- Javier yo quiero darte las gracias por haber estado con nosotros, yo pienso que Participación Ciudadana está jugando un rol importante en el fortalecimiento de nuestra democracia y de la institucionalidad de nuestro país, en la transparencia que tiene que tener el Estado y al igual que otras organizaciones no   gubernamentales desarrollan una extraordinaria labor .  Te agradezco una vez más la gentileza de haber estado con   nosotros y esperamos que en un futuro cercano poder tener la ocasión de volver a pasar revista sobre estos temas de interés.  A ustedes amigos televidentes muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y será hasta la próxima entrega de Líderes.

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