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Patrón de conducta

Enviado en 27 octubre, 2007 Para 3:00 pm Escrito por en Artículos de opinión

Al revelarse la existencia de otro préstamo por valor de US$200 millones de dólares, suscrito por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y la empresa Sun Land Corporation RD, S.A., con la autorización del Presidente de la República, sin la aprobación del Congreso Nacional, se confirma un patrón de conducta por parte del Presidente Leonel Fernández de actuar al margen de la Constitución de la República.
Al revelarse la existencia de otro préstamo por valor de US$200 millones de dólares, suscrito por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y la empresa Sun Land Corporation RD, S.A., con la autorización del Presidente de la República, sin la aprobación del Congreso Nacional, se confirma un patrón de conducta por parte del Presidente Leonel Fernández de actuar al margen de la Constitución de la República.

Un análisis de los referidos documentos, comparándolos con los del préstamo de US$130 millones, revela que se trata de los mismos modelos de poderes, contratos y pagarés, bajo el sello del Gobierno Dominicano.

Sobre el caso de los US$130 millones me he referido en la columna del sábado pasado. Sólo debo señalar que se trata de un escándalo que compromete la responsabilidad del presidente Fernández, puesto que al contratar un préstamo, sin la autorización del Congreso Nacional, su investidura está vinculada a esta violación.

Por su parte, en el caso de los US$200 millones, el gobierno ha señalado que ese contrato no se ejecutó, dado que la empresa privada no proveyó los fondos. Una respuesta que compromete seriamente la responsabilidad de los funcionarios involucrados, independientemente de su jerarquía.

Ante esta flagrante violación, El PRD depositó una segunda acción en inconstitucionalidad, pues a nuestro juicio, nadie puede negar que ese contrato fue firmado con la autorización del presidente Fernández, sin que se depositara ante el Congreso Nacional. Tampoco la excusa de que el mismo no se ejecutó no es válida, toda vez de que el referido contrato se perfeccionó con sus respectivas firmas.

En efecto, el contrato administrativo, lo mismo que cualquier otro contrato, para ser considerado como una realidad en el mundo jurídico requiere ‚formarse‚, es decir, aparecer en el mundo de los sentidos. Como señala el jurista Miguel Marienhoff, en su Tratado de Derecho Administrativo, Esto a su vez requiere dos cosas fundamentales: 1) que las partes expresen o exterioricen su voluntad, lo cual involucra la elaboración de las cláusulas del contrato; y 2) que el contrato se perfeccione. En cuanto al primer requisito, resulta indudable la formación del contrato, puesto que ambas partes acordaron las cláusulas y condiciones del mismo mediante la firma de un contrato escrito.

En vista de lo anterior, no existe lugar a dudas sobre la formación de dicho contrato y de su firma por parte del Estado Dominicano. Lo que dicho contrato no respetó fue la obligatoriedad de ser sometido a la aprobación del Congreso Nacional, que es el requisito sine qua nom para su validez, pero su existencia es inequívoca; razón por la cual ese contrato, al igual que el de los US$130 millones, es inconstitucional, y por lo tanto, su nulidad deberá ser pronunciada, en respeto a una sana administración de justicia y en resguardo del interés público.

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