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Retroceso

Enviado en 15 marzo, 2008 Para 3:00 pm Escrito por en Artículos de opinión

Bajo la administración del presidente Leonel Fernández (2004-2008), la República Dominicana ha tenido serios y graves retrocesos en la institucionalidad, de manera especial en la ausencia del respeto a la Constitución de la República y a las leyes. Escándalos tras escándalos, sin que exista una sola muestra inequívoca, desde la más alta expresión de la voluntad política en el país, en sancionar estas inconductas.

Estos escándalos de corrupción, caracterizados por el montaje de toda una estructura administrativa que utiliza los fondos públicos para sostener la reelección presidencial, desdicen totalmente del llamado “progreso” que el presidente Fernández prometió al país al jurar por segunda ocasión la Presidencia de la República. En el fondo, el denominado “progreso” ha sido el maquillaje bajo el cual se esconde toda esa oscuridad de actividades ilícitas e ilegales.

Hay un conjunto de elementos que reflejan este estado de corrupción, cuya enumeración sería muy extensa, pero que se resume en un conjunto de complicidades para amparar contrataciones de obras públicas, asignaciones de concesiones, contrataciones de servicios gubernamentales, ejecución de presupuestos paralelos sobre la base de endeudamiento externo a espaldas del Congreso Nacional, y más recientemente, la presencia de más de 55,000 mil dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en la nómina pública, en violando todo un conjunto de normas jurídicas y legales.

Todos estos casos tienen determinados niveles de gravedad. Quizás, el más grave de todos es el préstamo de US$130 millones de dólares con la Sun Land, que constituyó una herida incrustada en el mismo corazón de la Constitución de la República, y que a pesar de la claridad de la violación constitucional, el presidente Fernández ni sus voceros rectificaron esta conducta. Lo más delicado ha sido también, la dilación de la Suprema Corte de Justicia en decidir sobre el recurso de inconstitucionalidad depositado por el Partido Revolucionario Dominicano. Es lamentable decirlo, pero una decisión de la Suprema Corte de Justicia, después de las elecciones de mayo, enviará una señal equivocada al marco institucional del país.

La sociedad observa el uso abusivo de los recursos del Estado con el único propósito de mantenerse en el poder, en un claro cuestionamiento a la transparencia que debe existir en este proceso electoral. En el fondo, lo que debemos cuestionarnos todos es si existe o no existe el “Estado de Derecho” en el país.

Como bien afirma en su obra “El Concepto de Derecho”, cuyo autor es el jurista inglés H.L. Hart, “en cualquier grupo grande el principal instrumento de control social tiene que consistir en reglas, pautas o criterios de conducta y principios generales, y no en directivas particulares impartidas separadamente a cada individuo. Si no fuera posible comunicar pautas generales de conducta, que sin necesidad de nuevas instrucciones puedan ser comprendidas por multitudes de individuos como exigiéndoles cierto comportamiento en ocasiones determinadas, no podría existir nada de lo que hoy reconocemos como derecho”.

El país está sufriendo un profundo retroceso institucional, por la conducta exhibida por quienes hoy nos gobiernan.

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