Un envio del blog

Instituciones heridas

Enviado en 05 abril, 2008 Para 3:00 pm Escrito por en Artículos de opinión

Presenciar el debate que se ha suscitado recientemente sobre la decisión que deberá adoptar la Suprema Corte de Justicia con motivo del recurso de inconstitucionalidad sometido por el PRD y el Foro Social Alternativo en contra del préstamo de US$130 millones de la Sun Land, es un reflejo de la fragilidad institucional provocada por el presidente Leonel Fernández.

Concuerdo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que la decisión que emita el alto tribunal no tendrá ninguna incidencia en el resultado de las elecciones. Son dos hechos totalmente aislados. Ciertamente, es muy probable que en nada influya la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la capacidad de decisión del voto. Cada dominicano, con derecho a votar, deberá ejercerlo conforme le dicte su conciencia.

Lo que está en juego en la actualidad es algo más profundo que el resultado de las elecciones. Lo que está en juego es la capacidad de los poderes del Estado de decidir los asuntos que la Constitución de la República pone a su cargo, sin tener pendiente la naturaleza de las personas o grupos involucrados en las referidas contestaciones o controversias. Lo que está en juego es, en el fondo, la autonomía e independencia de los poderes del Estado a las influencias políticas, de cualquier naturaleza.

El alto grado de interés del presidente Fernández en imponer la reelección presidencial llega al extremo de revelar la debilidad de las instituciones para cumplir con las disposiciones constitucionales. Leyendo un poco de la literatura jurídica inglesa, país, que como bien señala el jurista y académico español, Eduardo García de Enterría, “donde la concentración de poderes y el intento monopolizador de todas las manifestaciones del Derecho alcanzó carácter patológico”, hay lecciones enriquecedoras.

En opinión del jurista García de Enterría, “los Tribunales tampoco son órganos de la Corona, sino órganos o expresiones del “derecho de la tierra”, the law of the land, derecho que, por su parte –y esta es la idea esencial del common law– no está estatizado, no es un producto de la voluntad del Príncipe, sino obra de las costumbres aplicativas y de las decisiones judiciales”.

“El Estado de una cooperación institucionalizada de los ciudadanos a través de una ordenación de órganos y de funciones y nada justifica encubrir los problemas de una asociación de personas… mediante la idea de un poder estatal sustantivado dotado de una voluntad propia. La ley no es la voluntad del Estado, es la voluntad general”, concluye el jurista.

¿Qué queremos la mayoría de los dominicanos? Que las instituciones funcionen conforme al debido proceso de ley. No apelamos a que el alto tribunal resuelva un recurso de inconstitucionalidad en menos de tres meses, como hay precedentes, sino que decida dentro de la razonabilidad que establece nuestra propia Constitución. Y lo más importante, que el actual proceso electoral no quebrante la ya frágil institucionalidad democrática.

respuesta