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El modelo de regulación (2)

Enviado en 02 agosto, 2008 Para 3:00 pm Escrito por en Artículos de opinión

Cabe preguntarse, ¿Ha sido eficiente el actual modelo de regulación de los servicios públicos en el país? ¿Se han protegido los derechos de los consumidores o usuarios de los servicios públicos? ¿Han actuado los reguladores de manera imparcial e independiente, según los objetivos fijados por sus respectivos marcos legales?

En la respuesta a estas inquietudes es donde radica la esencia misma de los fundamentos que rigen el modelo de regulación de los servicios públicos.

El Estado no debe ser sólo regulador, debe aparentarlo y serlo. La regulación debe ser independiente, autónoma e imparcial para proteger a los usuarios, en el marco de la libre y leal competencia. Desafortunadamente, y después del proceso de reformas al cual me referí en mi primera entrega, la regulación de los servicios públicos todavía no ha asumida en el marco del fortalecimiento institucional, base esencial para el Estado de Derecho, salvo los esfuerzos individuales de los reguladores. Si hay un sector que todavía debe mejorar su práctica regulatoria es el sector eléctrico. Mientras la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) siga teniendo el peso que tiene en las políticas públicas que rigen en el sector, a pesar de la existencia de la Superintendencia de Electricidad, éste organismo no habrá alcanzado su total independencia e imparcialidad.

Y para esto no hay que reformar ninguna ley ni emitir ninguna disposición especial. Solo hay que aplicar la actual Ley General de Electricidad y sus reglamentaciones, por citar este caso en especial. En Costa Rica, en donde el Instituto Costarricense de Electricidad, como referí en mi anterior artículo, mantiene a través del régimen de concesiones el absoluto dominio, pero, que, sin embargo, está sometido a la regulación del que a mi juicio, es el “Superman” de todos los reguladores, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica, que regula, nada más y nada menos, que el agua, la energía, las telecomunicaciones y el transporte.

Para que los reguladores de los servicios públicos sean imparciales, autónomos e independientes, debe existir la voluntad política decisiva que separe a las partes interesadas de quienes son los reguladores.

Cada quien debe estar en el lugar que le corresponde, pues como bien advierte Joseph Stiglitz, en su libro “Los felices 90, la semilla de la destrucción”, “todo el mundo está a favor de la competencia… en todos los sectores de la economía, menos en el suyo propio” (p. 146).

El regulador debe colocarse por encima de las luchas de intereses que están presentes en los mercados “que son cosas delicadas” (p. 128), y tener claramente los objetivos trazados por su propio marco legal. Solo así podrá ser eficaz el actual modelo de regulación, sobre lo cual concluiré en la próxima entrega.

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