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El modelo de regulación (3)

Enviado en 09 agosto, 2008 Para 3:00 pm Escrito por en Artículos de opinión

Hace varios años, participando en una conferencia sobre regulación de servicios públicos, uno de los disertantes refirió una frase de autor anónimo, que siempre cito: “La tarea del regulador requiere de la sabiduría de Salomón, la paciencia de Job, la determinación de un bulldog, y el cuero de un rinoceronte”.

Cuando uno observa, por citar un caso, lo que está sucediendo con el Seguro Familiar de Salud, en donde los intereses encontrados han colocado en una situación de fragilidad institucional al marco regulatorio existente, obliga necesariamente a reflexionar sobre la eficacia del actual modelo de regulación de servicios públicos.

La base del actual modelo de regulación ha sido la de crear organismos especializados, autónomos, independientes e imparciales, para establecer el marco regulatorio de cada servicio público, al margen de las decisiones políticas que se le atribuyen al gobierno, no a los reguladores. Es la experiencia exitosa de Europa y América Latina, como por ejemplo Brasil, Perú y Chile.

Para sustraer las influencias políticas de los organismos reguladores, necesariamente hay que aplicar rigurosamente las leyes vigentes. En mi entrega anterior, abordé el caso del sector eléctrico, en donde existe un embrollo institucional que debe ser resuelto y aclarado con la separación de los roles de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas, la Superintendencia de Electricidad y la Comisión Nacional de Energía. Pero, también, en telecomunicaciones, salud, y electricidad se enfrenta al reto de nuevas leyes que norman las actividades del Estado, y que requieren de mayor fortaleza institucional, como por ejemplo, cuando entre en vigencia el Defensor del Pueblo, que, aún cuando en otros países ha sido normado mediante acuerdos interinstitucionales, hay que deslindar su ámbito de aplicación.

La eficacia del modelo de regulación también está fundada en la aplicación del principio de transparencia, es decir, todas las actuaciones del regulador deben ser del conocimiento público, y en los casos en que se establezcan regulaciones de alcance general, es obligatorio que el sector objeto de la regulación tenga la oportunidad de conocer la propuesta regulatoria a fin de que pueda hacer sus observaciones y recomendaciones, aún cuando las mismas no sean vinculantes al órgano regulador. Es la aplicación del mercanismo procedimental norteamericano conocido como “Rule Making Process” que es parte del debido proceso de ley.

En el fondo, el principio de transparencia constituye una garantía objetiva de razonabilidad para el sector objeto de regulación en cuanto a percibir que el Estado actúa razonablemente, como bien señala el jurista Agustín Gordillo en su obra “Tratado de Derecho Administrativo”.

En otras palabras, “el fair play” o el juego justo es lo que debe garantizar el modelo de regulación de servicios públicos. Es lo que, a mi juicio, nos falta por lograr, salvo honrosas excepciones.

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