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Los derechos en serio

Enviado en 05 septiembre, 2009 Para 3:00 pm Escrito por en Artículos de opinión

Las declaraciones recientes del Secretario General del PLD y actual Presidente del Senado, Dr. Reinaldo Pared Pérez, en las que censura la facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional todo acto, decreto o ley que vulnere la Constitución de la República, constituyen el preludio de un debate que enfrenta a dos visiones respecto de lo que deberá ser el Tribunal de Garantías Constitucionales en una eventual reforma constitucional.

No es la primera vez que el PLD plantea esta interpretación estricta de las facultades constitucionales de la Suprema Corte de Justicia. El propio presidente Fernández, así también lo ha expresado en diversas oportunidades. Se trata de una visión conservadora del derecho constitucional.

A esta visión, nos oponemos quienes creemos que esta facultad de la Suprema Corte de Justicia se corresponde con la defensa de los derechos de los dominicanos, sin excepción, ante cualquier acto desmedido, arbitrario, abusivo e inconstitucional de los poderes públicos. Es lo que se conoce como el control externo de los poderes del Estado.

Y cabe preguntarse: ¿Desconoce acaso el PLD que el control externo de la legislación es la regla general en todo el mundo? ¿Quizás no sabe que esta facultad protege los derechos de las minorías?

El PLD no ha hecho más que repetir un argumento que la literatura legal menciona con frecuencia. Un argumento que los abogados manejan.

Se le conoce como la objeción contra mayoritaria (la formuló por vez primera Alexander Bikel en The least dangerous Branch de 1962; la reiteró con modificaciones J. Ely en Democracy and distrust en 1980; la recoge Waldrom en The dignity of legislation de 1999, y la planteó Habermas en Alemania, un país que tiene uno de los tribunales constitucionales más prestigiosos del mundo). Es una crítica frecuente a la justicia constitucional.

Los sustentadores de esta tesis plantean que si la democracia es el gobierno de la mayoría ¿por qué entonces aceptamos que un grupo de funcionarios no electos puedan bloquear las decisiones de los representantes del pueblo? ¿Acaso la existencia de un árbitro no electo -al que se recurre cuando se es derrotado en el proceso deliberativo- no podría limitar la democracia?

Lo que ocurre es que la mayoría puede arrasar de una plumada con los derechos de las minorías. Entonces las democracias, conscientes de ese peligro, entregan a un tribunal el control externo de la ley. Ese es el rol del Tribunal de Garantías Constitucionales.

Se trata de dos visiones diferentes. El PRD, por su parte, reivindica un Tribunal de Garantías Constitucionales que defienda los derechos constitucionales de todos los dominicanos ante cualquier acto de los poderes públicos que violente o vulnere nuestros derechos constitucionales, como debe ser en todo estado democrático.

Hablar en serio de los derechos exige, entre nosotros, hablar de la democracia, más que de sus límites.

El autor es Secretario General del PRD.

algunos comentarios

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