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Las Reservas

Enviado en 21 noviembre, 2009 Para 7:28 pm Escrito por en Artículos de opinión

Es interesante el debate que se ha suscitado ante la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral sobre la legalidad de las reservas de candidaturas por parte de los principales partidos políticos dominicanos. Los que cuestionan las reservas argumentan que las mismas lesionan el derecho de elegir y de ser electo, consagrado en la Constitución y en las leyes del país.

La Constitución de la República, al establecer el derecho de elegir y de ser electo, dispone una serie de requisitos para ser electo como Presidente de la República, Senador, Diputado y Síndico. Es decir, no todos los dominicanos pueden libremente aspirar a estas posiciones. Hay que cumplir con los requisitos que establece la Carta Magna.

Igual, por lo tanto, sucede con los partidos políticos, en todas las democracias. Son organizaciones que se norman por la Constitución, la ley electoral, sus Estatutos y sus Reglamentos. En ese sentido, son los propios Estatutos que disponen la facultad de que los altos organismos del partido, para cada proceso comicial, normen y regulen el proceso de selección de candidatos, que debe ser debidamente sancionado por los organismos partidarios.

Así lo hizo, primero el PLD, y luego lo hizo el PRD, las dos principales fuerzas políticas en el país. Es más, el PLD hizo más reservas de candidaturas que el PRD. Y es que las reservas se justifican en la medida en que los partidos políticos mayoritarios tienen que reservar candidaturas para postular a candidatos que pertenezcan a partidos aliados o de organizaciones de la sociedad, para cumplir con el 33% de la cuota de la mujer, establecido por ley, para cumplir con la cuota de la juventud, y para la dirección del partido. Estas reservas deben ser luego aprobadas por la Convención de delegados, requisito esencial de la democracia.

Las reservas de candidaturas han existido siempre, y la JCE tiene alta experiencia en este tema, con importantes precedentes. Este debate servirá para fortalecer las decisiones de los organismos de los partidos políticos, en el sentido de que las reservas están fundamentadas en la Constitución, la ley y los Estatutos de los partidos.

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