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Ponencia de Orlando Jorge Mera en FINJUS

Enviado en 03 julio, 2012 Para 2:48 am Escrito por en Ponencias

Palabras de Orlando Jorge Mera, Secretario General del Partido Revolucionario Dominicano, en la Mesa sobre Transparencia y Gobernabilidad, de la Fundación Institucionalidad y Justicia: “Criterios para la adopción de la Ley de Partidos”.
3 de julio de 2012, Hotel Meliá.

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, como lo ha hecho desde su creación, da muestra, una vez más, de su compromiso con una República Dominicana mejor. Nosotros valoramos infinitamente este esfuerzo de FINJUS y agradecemos la invitación a este panel donde debatiremos un tema de importancia vital para nuestro país.

Están aún frescas aquellas horas tensas en las que, durante el pasado proceso electoral, el Partido Revolucionario Dominicano planteara en el punto de mira la temática relativa a la Ley de partidos políticos. Este es un debate que se impone y que le debemos a la sociedad dominicana desde hace muchos años. Porque hace mucho que los partidos políticos necesitan clarificar sus marcos, definir mejor las reglas del juego, para mantener su representatividad y asegurar su rol en la vida democrática.

En este momento histórico en el que un partido político tiene el control absoluto de la totalidad de los poderes públicos, es mayor la necesidad de asumir esta discusión, este debate, pero con cautela, con espíritu reflexivo y crítico. Es conocido por todos nosotros, y debemos hacer que lo sepan todos los dominicanos, que esa disposición a la acumulación voraz de poder requiere de limitaciones para impedir que la voluntad popular sea vulnerada.

Es en ese sentido que hacemos un llamado para que esta discusión y, sobre todo la posterior aprobación de la Ley de Partidos que nos demos, sea el resultado de esa búsqueda. Que la Ley de Partidos que aprobemos resulte de una convicción: satisfacer esa exigencia democrática de poner coto a los peligros que se ciernen sobre la vida institucional.

La tradición autoritaria en República Dominicana encuentra en los partidos políticos un tubo de ensayo. No es un secreto para nadie que los partidos surgen y se nutren de la cultura en la que operan. Es por eso que nuestra búsqueda debe ir en el sentido de mejorar esa cultura desde los partidos y para beneficio de toda la sociedad.

Limitar el poder, suprimir los vicios del sistema, reforzar la democracia en general. Esos son los pilares sobre los que debe sustentarse el proyecto que hoy discutimos.

Llama la atención que estemos discutiendo sobre un Proyecto de Ley de Partidos y agrupaciones políticas presentado por la Junta Central Electoral. Al respecto queremos afirmar en este escenario, sin ánimos de agravios, sino como un llamado, una alerta, que debemos estudiar este proyecto y asumir su debate conscientes de que el proyecto presentado por la Junta Central Electoral no es “Tierra Santa”.

Por ser presentado por la institución que está llamada a aplicarlo, este proyecto requiere de un análisis juicioso, de un examen exhaustivo en su contenido y una revisión profunda de algunos aspectos donde hay claras reservas y posibles distorsiones.

La Ley de Partidos es uno de los ejes de la reforma política e institucional que nuestra sociedad reclama. Su vigencia, junto con la Ley de Garantías Electorales y la necesaria designación de una Junta Central Electoral proba, integrada por miembros independientes, desvinculados de los partidos políticos, supone un reto para nosotros. Estamos de cara a nuestro país en estos temas tan vitales y, sobre todo, jugándonos la democracia que tanto sacrificio ha costado a los dominicanos y dominicanas.

Asumir nuestra responsabilidad es, por tanto, acoger el llamado a participar en este espacio propicio para el diálogo y los consensos, pero también para sentar las bases de la correcta concepción de las regulaciones. Esas normas que serán el instrumento, junto con la participación activa de la sociedad, para mejorar la salud de la vida pública y dar mayor calidad a la democracia que hemos logrado y que hoy está en peligro.

Así como se impone que volvamos al modelo, a la honrosa experiencia que dirigieron personas como César Estrella Sadhalá y Juan Sully Bonelly, hacen falta otras medidas para dar mayor legitimidad a los procesos. ¿Cuántos procesos electorales hacen falta para darnos cuenta que no conviene a la democracia, ni siquiera a quienes ganan las elecciones, participar con árbitros de imparcialidad cuestionada o cuestionable?

De legitimidad hablamos también cuando afirmamos que la discusión de este proyecto no debe ser limitada al Congreso Nacional. Y por esto saludamos este esfuerzo por abrir más oportunidades para ventilar y lograr consensos en espacios que permitan el empoderamiento de los distintos actores sociales. El sistema democrático, actualmente en momentos difíciles en el país debido al control absoluto del PLD, se construye todos los días. Es un proceso a pulso y requiere necesariamente de los esfuerzos mancomunados de todos, y de pulir las resistencias de los distintos sectores en base a la concertación. Tanto la confrontación política en el terreno electoral, como la mencionada concertación son el alimento de la democracia y nos permiten mantener vigentes las libertades públicas.

Esos nubarrones que amenazan el clima de libertad de los partidos políticos, evidenciados en el pasado proceso electoral con el uso abusivo de los recursos estatales, marcan el contexto político en que se discute el proyecto de Ley de Partidos en el Congreso Nacional.

La muestra más fehaciente de ese uso irregular de fondos públicos es el envío hecho por el Presidente Leonel Fernández de un presupuesto complementario para cubrir el déficit fiscal. Un déficit fiscal de más de 60,000 millones de pesos que gastamos para costear la permanencia de un proyecto aún más caro.

Estos mecanismos, sumados a otras graves amenazas, ensombrecen el cielo democrático y nos exigen ampliar los marcos de discusión y participación. Nada legítimo puede salir de quienes arrebatan y acomodan la ley a su antojo.

Nuestro ánimo no es desalentar a los sectores democráticos sobre la posibilidad de construir acuerdos que permitan salir a camino. Nuestro país no va a detenerse. Ahora bien, requerimos que esos acuerdos se den sobre los marcos necesarios, no sobre pactos oscuros, sino sobre la observancia de la voluntad popular y siendo consecuentes con lo que conviene a los distintos sectores y al país.

El proyecto preparado por la Junta Central Electoral tiene distorsiones serias. Algunos planteamientos son solo entendibles tomando en cuenta que es un proyecto preparado con conocimiento de causa, por quienes van a aplicarlo. Algo que debemos matizar si no queremos caer en arbitrariedades e injerencias que podrían lesionar el libre ejercicio democrático.

El proyecto de ley presentado por la Junta atenta directamente contra la autonomía de los partidos políticos. Uno de los puntos destacables, el más atrevido, llega incluso a obligar a los partidos a “ejercer oposición pacífica y constructiva” al gobierno. Esta obligación establecida en su artículo 17, letra D, supone que la Junta Central limite la estrategia y la política de oposición que deben ser resultado de lo que definan los órganos y autoridades internas de cada partido.

La forma de oposición es parte del ejercicio libérrimo de los derechos políticos y no puede ser alienada por limitaciones más allá de las que imponga el Estado de derecho (que la oposición se haga de acuerdo con el orden público). Nunca estaremos de acuerdo con romper la paz pública, es el último de los recursos. Es la renuncia a la política. Sin embargo, la modalidad, el curso de la oposición no puede estar preestablecido y mucho menos ser el fruto de voluntades ajenas a los partidos.

El proyecto de ley, además, dispone en el artículo 21 de normas básicas que deben tener los Estatutos de los partidos. Limita también el monto máximo de las donaciones a los partidos políticos en su artículo 56. Este tope a las aportaciones se contrapone a las tendencias actuales, como sucede en Estados Unidos y México, por ejemplo.

Claro que como todo, el proyecto tiene luces, aportes que requieren ser rescatados y aplaudidos. Un ejemplo de esto es el deseo o interés de regular los procesos internos de elección de candidatos de elección popular. Esto es, la democracia interna partidaria que por falta de reglas claras tanto ha debilitado a los partidos políticos en nuestro país. A todos los partidos, es preciso aclararlo.

La regulación de las formas de elección y la búsqueda del respeto de la voluntad popular por sobre las imposiciones de organismos o dirigentes es un aporte incalculable. La exigencia de rendición de cuentas es otro punto positivo y de gran importancia. Los partidos políticos son instituciones que se deben a la ciudadanía y en consecuencia, deben rendirle cuentas.

Otro aspecto interesante y no menos favorable es el establecimiento de un mecanismo de distribución para los fondos públicos recibidos por los partidos políticos. Asignando incluso un porcentaje a la formación y educación política, un eje central para mejorar la participación y la calidad de quienes dirigen y aspiran a dirigir la vida pública. Este es un paso positivo en la necesidad de más y mejor política para nuestro país.

No obstante, hay graves y grandes ausencias en la propuesta de ley.

Es poco comprensible que la figura del transfuguismo, ese cáncer que distorsiona la voluntad popular y corrompe los procesos de toma de decisiones, no encuentre una sola sanción en el proyecto. Apenas en el artículo 5, refiere que la persona que se afilia a otro partido renuncia “ipso-facto” a la filiación anterior. A pesar de ser minucioso en aspectos del proceso interno e incluso con injerencias, no dice nada sobre la condición del tránsfuga. No plantea si ese tránsfuga puede luego volver a su “vieja casa” o si, por el contrario, su giro podría (pensamos que debería) ser sancionado al menos con la inhabilitación por un período para ser candidato.

El proyecto no toca otro tema importante para evaluar el sentido verdadero de la voluntad popular y, sobre todo para el control institucional, y es la discusión de si las candidaturas pertenecen al partido o a la persona. En nuestra opinión, la experiencia dominicana reclama, con ejemplos sobrados, que las candidaturas les pertenezcan a los partidos. Esto evitaría que legisladores y alcaldes cambien de “chaqueta” y todo siga como si nada hubiese ocurrido.

Si queremos que la ley reforme el sistema de partidos para bien, debemos tomar al toro por los cuernos. De lo contrario, estaríamos ante otro parche legislativo que, si en el mejor de los casos se cumple, servirá para muy poco. Llamamos la atención sobre este particular, porque el transfuguismo no es otra cosa que un negocio con la voluntad general de los ciudadanos, algo que debe ser sagrado en todo sistema democrático.

Otra importante omisión en el proyecto es si, en el caso de los senadores y diputados, el voto será “preferencial” o “por listas”. Hasta el momento la Junta Central Electoral ha manejado de modo administrativo este tema. Sin embargo, ya es tiempo de poner reglas claras al respecto. El tema de la forma de elección impacta directamente en la calidad de los representantes y en el ejercicio responsable del voto.

El proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas debe ser marco y a la vez objeto de una amplia discusión sobre el presente y el futuro de la democracia dominicana. Es uno de los ejes de la reforma política necesaria, pero no es el único y es hora de que pensemos seriamente si ésta es la democracia que queremos.

Es tiempo de analizar si la ciudadanía va a aceptar durante mucho tiempo una democracia cara y que, a la vez, parece no dar resultados. El sistema electoral necesita garantías para evitar que cada proceso de votación sea cuestionado. Necesitamos cuidar y fortalecer la democracia y, como decíamos anteriormente, esto solo se logra a partir de la legitimidad de sus procesos.

Este espacio es propicio para hacer un llamado a los distintos sectores y actores políticos, la sociedad civil y los legisladores, la ciudadanía en general.

Tenemos el compromiso y la responsabilidad histórica de dotar a la República Dominicana de una Ley de Partidos de la cual podamos sentirnos orgullosos. Este es el momento.

Debemos propiciar un sistema de partidos con organizaciones autónomas, diferenciadas ideológicamente, con formación política.

En fin, que podamos construir proyectos políticos capaces de articularse para beneficiar las grandes mayorías de dominicanos que reclaman más y mejor democracia. Ojalá que esto no quede en letra muerta, que la ley no quede en declaración de intenciones.

Si es así, podremos sentirnos satisfechos del deber cumplido. Si no, habremos sido parte de otro juego más, del autoengaño de construir la norma para violarla, y con ello, perderemos todos.

Muchas gracias.

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