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El perdón de Duarte

Enviado en 26 enero, 2015 Para 1:54 pm Escrito por en Artículos de opinión

Al conmemorarse este 26 de enero, el 202 aniversario del natalicio del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, es oportuno recordar uno de los episodios en los que demostró su integridad, vigor, tolerancia y compromiso con la recién formada República Dominicana. Me refiero al infame momento de su condena y expulsión del país por parte del general Pedro Santana, quien luego de la Independencia se había adueñado del Poder, desterrando al Patricio hacia Hamburgo, el 30 de octubre de 1844.

Es, sin dudas, uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia, que tuvo su momento culminante con la sentencia dictada el 22 de agosto de 1844, por la Junta Central Gubernativa, presidida por Santana que ordenó el destierro del patricio Juan Pablo Duarte, bajo pena de muerte, junto a Ramón Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez y otros fundadores de la República.

Seis meses antes había ocurrida nuestra Independencia Nacional, el 27 de febrero de 1844, que marcó el inicio de la carrera republicana del país. Sin embargo, ya en agosto de ese año, Santana, que había maniobrado para alzarse con el poder, asumiendo la Junta Central Gubernativa, ordenó no solo desterrar del país a quienes fundaron la República Dominicana, sino que lanzó contra ellos dudas sobre su histórico e irreprochable ejercicio en las posiciones públicas que ocuparon.

Llama la atención que la mayoría de los historiadores solo citan el hecho de que Duarte fue desterrado bajo pena de muerte, pero no ahondan en los detalles sobre el andamiaje orquestado por el General Santana para lograr su inconfesable propósito. Fue la primera persecución política en la historia dominicana.

En su obra “Episodios Duartianos”, Pedro Troncoso Sánchez afirma que “sin formación de causa y sin oír a los acusados, la Junta dictó una resolución con visos de sentencia judicial”, concretizando el innoble objetivo de difamar a quienes entregaron su vida por la instauración de la patria.

Santana hizo aparentar que era la ciudadanía que solicitaba que se procediera de esa manera. Una lectura a la propia sentencia de la Junta Central Gubernativa no deja dudas sobre ello, al citar dos correspondencias: La primera, contiene 68 firmas de “ciudadanos notables padres de familia”, y la segunda, contiene 628 firmas de “oficiales superiores y demás del Ejército” que hacían tal solicitud o promovían este juicio condenatorio contra Duarte.

Con esta “acción popular”, la Junta Central Gubernativa se auto proclamó en la indicada sentencia, como el Estado mismo, y concentró en ella la facultad del Poder Judicial, una clara violación a los principios fundamentales de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, al declarar lo siguiente:

“Considerando, con el derecho de gentes, que aún en los casos de justos motivos de queja, las violencias turbativas del orden público son crímenes, porque los agraviados deben dirigirse a los magistrados, y cuando no se les haga justicia pueden elevar sus quejas a quien ejerce en la sociedad el poder supremo.” (sic)

Y agrega:

“Considerando: que en iguales circunstancias es de necesidad obrar a verdad sabia, fe guardad, y con la primera mira de salvar la salud pública, que es la suprema ley; y sin embargo, de que las leyes en vigor y las de todas las naciones han previsto la pena de muerte en iguales casos, usando el Gobierno de la facultad paternal que le caracteriza, y por otros motivos de equidad y consideración.” (sic)

Los dos anteriores “Considerando” son la base de la indicada sentencia condenatoria. Hubo otros dos “Considerando”, cortos y breves, que reflejan la rapidez con que se decidió todo: “Considerando: que estos atentados jamás son severamente reprimidos, porque ante todas cosas se ha de velar por la conservación del orden y de la causa pública;” (sic)

“Considerando: que la notoriedad de un hecho revela de la necesidad de pruebas”. (sic)

Esas fueron todas las motivaciones para condenar a Duarte, Sánchez y Mella, mediante este infame dispositivo:

“Declara: que los generales de brigada Juan Pablo Duarte, Ramón Mella, Francisco Sánchez; los comandantes Pedro Pina, Gregorio del Valle, Juan Jiménez y el capitán J. J. Illas, y el señor Juan Isidro Pérez, secretario que fué de la Junta Central Gubernativa, han sido traidores e infieles a la patria, y como tales indignos de los empleos y cargos que ejercían, de los que quedan depuestos y destituidos desde este día, ordena que todos ellos sean inmediatamente desterrados y extrañados a perpetuidad del país, sin que puedan volver a poner el pie en él, bajo la pena de muerte, que será ejecutada en la persona del que lo hiciere, después que sea aprehendido y que se justifique la identidad de su persona, a cuyo efecto se le da poder y facultad a cualquiera autoridad civil o militar que verifique la captura, todo esto sin perjuicio de las indemnizaciones civiles que deban al erario público, o a algunos ciudadanos particulares, por la mala versación que hayan tenido en sus empleos, por el abuso de poder que hayan hecho o por los daños y perjuicios que hayan causado”. (sic)

Al supuesto delito de traición, se le añadió al final, el de “mala versación (sic) que hayan tenido en sus empleos, por el abuso de poder que hayan hecho o por los daños y perjuicios que hayan causado”.

La estrategia de Santana la disfrazó como una supuesta iniciativa ciudadana a través de peticiones firmadas, justificando además la intervención del máximo poder de la época ante la ausencia de los poderes públicos apropiados. Estos fueron los artificios para condenar a Duarte al destierro y a la pena de muerte, incluyendo la infamante acusación de malversador de fondos del Estado, conjuntamente con los patriotas Sánchez y Mella, y otros libertadores.

Los hombres que lucharon por la Independencia Nacional, que sacrificaron sus vidas, con pulcritud y honradez, se enfrentaron a la peor de las persecuciones, aquella que se urdió con el interés político de someterlos al patíbulo, el destierro y a la maledicencia pública.

A pesar de todo, Duarte nunca albergó odio ni rencor contra sus adversarios.

Enrique Patín Véloz, en su obra “Temas Duartianos”, describe cómo Duarte, habiendo sido apresado y expulsado en forma humillante, y luego toda su familia, preservó la altura moral y decidió legar “a ese Dios de justicia el castigo a tanta iniquidad, a tanta maldad”.

El 2 de mayo de 1865, en una carta a Félix María Delmonte y citada por Patín, el prócer le escribe en tercera persona afirmando lo siguiente: ‘… el 25 de marzo del 1864 salta a tierra en Monte Cristy, el General Duarte sin odio y sin venganza en el corazón’”.

En ese escrito histórico, Duarte nos otorga una extraordinaria lección, a la altura de un hombre con visión y amor por la Patria; un ejemplo inequívoco para las pasadas, presentes y futuras generaciones sobre el perdón y el bien común.

Qué grande fuiste y eres, Juan Pablo Duarte.

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